Domingo 1º de agosto de 2021, p. 7
El partido MC impugnó ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa por 55 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por las aportaciones que realizó Mariana Rodríguez a la campaña de su esposo, Samuel García, ahora gobernador electo de Nuevo León.
El dirigente de MC, Clemente Castañeda, consideró que el fallo debería revocarse de manera lisa y llana, toda vez que el procedimiento de fiscalización que dio lugar a la resolución del INE se encuentra plagado de vicios que van desde falta de pruebas en la denuncia original hasta la violación al derecho de audiencia.
Según Castañeda, el órgano electoral calificó indebidamente la participación de Rodríguez como aportaciones económicas en especie por su actividad empresarial y, en este sentido, estimó que Samuel García, entonces candidato por MC a la gubernatura de Nuevo León, debió pagarle por su respaldo mediante Internet, durante la campaña.
Sin embargo, no se consideró que el apoyo fue desinteresado, su matrimonio genera un vínculo de solidaridad y apoyo mutuo, además, Mariana Rodríguez no recibe ingreso alguno relacionado con sus actividades en redes sociales desde 2020 y aunque las usaba para trabajar, no significa que todas sus publicaciones tengan un fin comercial o empresarial
, puntualizó.
Castañeda también calificó la sanción como una afrenta a la libertad de expresión y los derechos humanos de la influencer. Señaló que en 2018, el Tribunal Electoral resolvió un caso similar sobre el apoyo que Rodríguez dio a García en redes sociales y entonces se consideró que no podía significar una aportación porque tienen un vínculo que los une, una relación personal. Dado este precedente, consideró que la participación de la esposa de García en la campaña es completamente lícita
.
Sobre la multa que también se impuso a MC por 28 millones de pesos debido a las aportaciones de familiares de Samuel García al partido, explicó que se recibieron contribuciones de militantes y personas físicas que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios.