La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a los grupos parlamentarios de Morena y al diario La Jornada cesar la publicación de mensajes para promover la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, por considerar que esta actividad infringe la facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Señalaron que, como parte de las instituciones vinculadas a la realización de la consulta, los legisladores no pueden pronunciarse en alguno de los sentidos de la pregunta.

Al desahogar una queja promovida por el panista Federico Döring en contra de los legisladores de Morena, la comisión consideró procedente instruir la interrupción de dichos mensajes porque bajo la apariencia del buen derecho, existe una campaña o estrategia propagandística auspiciada, contratada o patrocinada por un grupo de diputadas y diputados de Morena relacionada con la difusión de la consulta popular, contraviniendo con ello el marco constitucional y legal.

Sin embargo, en el contexto de la conferencia de prensa sobre la consulta popular, aun cuando no es integrante de la Comisión, el consejero Uuc Kib Espadas expresó su desacuerdo con el actual marco legal que impide a los partidos involucrarse en las consultas populares, lo que representa un contrasentido.

“El mandato constitucional dista de ser expreso en relación a la exclusión de los partidos políticos, sobre la pregunta que se responde y a opinar en un sentido u otro. En el mismo párrafo que se ordena que sea el INE la única instancia a cargo, se establece la prohibición específica para los partidos políticos de adquirir propaganda en radio y televisión. A contrario sensu, la adquisición de propaganda en otros medios, por ejemplo, escritos, está implícitamente permitida por la Constitución”, dijo.

Sin embargo, en el seno de la comisión, los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala coincidieron en que, como parte del Congreso, los legisladores de Morena tienen un rol en la emisión de la convocatoria y eventualmente en las consecuencias legales del resultado de la consulta. No pueden ser parte de la promoción de un sentido de la respuesta en este ejercicio.

En las atribuciones del Poder Legislativo, agregaron, no se incluye la difusión, menos aún si ésta se aparta del principio de imparcialidad, neutralidad y busca influir en las preferencias de los ciudadanos. Por ello, al aprobar la medida cautelar ordenaron a las partes involucradas cesar la difusión de estos mensajes.

Durante el debate, se determinó que, sobre el posible uso de recursos públicos para la publicación de los mensajes, será un asunto que en su momento resuelva la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.