Los desafíos que ha impuesto la pandemia de Covid-19 al ejercicio de las garantías de los niños son múltiples. En América Latina y el Caribe, sectores vulnerables como los menores indígenas y refugiados vieron afectados su derecho a una vida sin violencia y al acceso a la salud y la educación.

En la sesión virtual de cierre del V Seminario de Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Niñez, convocado por la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, especialistas en derechos de la infancia y colectivos de siete naciones de la región advirtieron de la necesidad de acciones urgentes en salud y protección de niños y adolescentes.

Ana María Watson, del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niños (GIN-Perú), destacó las condiciones de vulnerabilidad que han enfrentado los menores refugiados, cuya voz es la menos escuchada en la integración de las acciones de respuesta ante la pandemia de Covid-19.

Destacó que otro desafío que afrontan la niñez y la adolescencia en tiempos de pandemia es la violencia sicológica, física y sexual, debido a que en la región el castigo físico y los tratos humillantes se tienen muy naturalizados como parte del proceso educativo.

La especialista consideró que la niñez se ha convertido en una víctima oculta de la pandemia, por lo que urgen acciones directas para detener cualquier forma de violencia contra infantes y adolescentes, y garantizar su derecho a una vida libre de toda violencia.

Julia Velasco, de Coalición Bolivia, destacó que en América Latina y el Caribe habitan 826 pueblos indígenas que alcanzan 8 por ciento de la población regional. Agregó que se cuenta con pocos datos sobre cómo ha afectado la pandemia a los pueblos originarios, y en particular a niños y adolescentes indígenas, quienes ya enfrentaban múltiples barreras para tener acceso al derecho a la educación.

La falta de disponibilidad de Internet y equipos tecnológicos impidió que un importante sector de niños indígenas, aseveró, no pudiera ejercer un aprendizaje a distancia, a lo que se suma la marginación que enfrentan para asistir a sus escuelas, que suelen quedar a varios kilómetros de sus casas, así las clínicas de salud, por lo que activistas y defensores de los derechos de la infancia apremiaron a los gobiernos a garantizar el acceso a la salud y la educación de todos los niños y adolescentes indígenas de la región.