La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio de Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado viernes, en Ortiz, Sonora.

El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

Las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando sus autoridades no logran cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo, añadió.

La ONU-DH llamó a las autoridades a investigar el homicidio de manera exhaustiva, que agoten todas las líneas de investigación relevantes, inclusive la relación de este asesinato con su labor de búsqueda y garantizando la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. Las autoridades deben también brindar atención integral a la familia de la señora Ramos, especialmente a su hija, incluyendo condiciones de seguridad.

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares en favor de los integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Pidió a las autoridades salvaguardar la vida y seguridad personal de los integrantes de dicha organización no gubernamental y proteger a la activista Ceci Patricia Flores Armenta, a familiares de la defensora finada Gladys Aranza Ramos Gurrola, así como para que se busque y localice a Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de esta última.

Las medidas fueron dirigidas al comandante de la Guardia Nacional, a la gobernadora del estado, al secretario de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal general de Justicia y a la presidenta municipal de Guaymas.