Introducción

A más de un año de la declaración de la pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, que ha afectado la vida y trabajo de los habitantes del planeta, se ha evidenciado y profundizado las grandes desigualdades existentes tanto entre los países como al interior de los mismos.

La crisis económica y de salud pública tuvo impactos significativos particularmente en la población asalariada agrícola que integra a los grupos más desprotegidos de la sociedad, independientemente del país y región donde realicen su trabajo. Visibilizados como trabajadores esenciales y necesarios para garantizar la disponibilidad de alimentos y los precios de mercado, fueron insuficientemente considerados dentro de las acciones y medidas de protección ante el nuevo coronavirus.

Diversas son las experiencias sobre las limitaciones de esas medidas o su inadecuación para resolver problemas particulares que enfrentaron los trabajadores para realizar sus tareas diarias en el campo, desde aquellas que no consideran la heterogeneidad de los trabajadores agrícolas y sus condiciones específicas de movilidad y empleo hasta la dificultad de traducir medidas generales en contextos locales específicos sin las condiciones y recursos para poder implementarlos.

Por ejemplo, si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud publicaron a fines de abril de 2020 una Guía de Acciones para el Trabajo Agrícola en el contexto del COVID-19, este manual estaba dirigido principalmente a los empleadores y entre éstos, a las agroindustrias que contaban con más recursos e infraestructura para asegurar los protocolos de control sanitario en el campo y en las viviendas transitorias. Sin embargo, gran parte de la población trabajadora se emplea en unidades de producción donde se expone a un alto riesgo de contagio por falta de higiene, hacinamiento y formas de traslado sin guardar la sana distancia, así como poco o nulo acceso a servicios de salud para atenderse en caso de ser contagiados.

En este contexto, la población jornalera se enfrentó con el problema de no poder quedarse en casa, lo cual fue una de las medidas que aplicaron los gobiernos durante la pandemia de COVID-19 para ralentizar la transmisión del virus, lejos de eso tuvieron que lidiar con diferentes dificultades y obstáculos relacionados con su movilidad para acceder al empleo, con aprender a trabajar en un entorno de incertidumbre y estrés excesivo por las regulaciones de salud y seguridad, con limitaciones para poder implementar medidas de distanciamiento, lavado de manos y uso de tapabocas por la carencia de las condiciones para poder hacerlo o por la falta de recursos para implementarlas en sus propios hogares y desplazamientos.

Aunado a lo anterior, sus condiciones e interrupciones en el empleo, principalmente a los trabajadores temporales, no les garantizaron el acceso oportuno a los servicios de salud tan necesarios en un contexto de pandemia.

En aquellos casos que fueron movilizados a través de programas y contratos formales, las formas de movilización y sus condiciones de seguridad tampoco fueron adecuadas. Su llegada a los lugares de trabajo fue complicada pues no se cubrieron las condiciones de protección necesaria en los alojamientos ni en los campos de cultivo y empaque. Las notas que en este Suplemento documentan los casos de migración regulada de trabajadores, confirman la pertinencia de diagnósticos previos de especialistas que plantean que los riesgos de salud, física y psicológica, que enfrentan estos grupos móviles requieren soluciones intergubernamentales en los niveles estructurales, institucionales y cotidianos.

Posiblemente el mayor impacto del COVID-19 para trabajadores y trabajadoras agrícolas, dentro y fuera de sus países, fue que se enfrentaron con nuevos problemas tales como la imposibilidad para acceder a los empleos necesarios que les permitieran complementar sus ingresos anuales tanto por las restricciones de viaje debido al cierre de fronteras y las dificultades en los desplazamientos, como por la creciente competencia entre trabajadores buscando una oportunidad de obtener ingresos, incluso de pérdidas de sus empleos.

Además de lo anterior, también se incrementaron las manifestaciones de exclusión, xenofobia, racismo y estigmatización al ser considerados como potenciales transmisores del virus, impactando esa situación al extremo de no poder resolver sus necesidades más elementales en los lugares de trabajo tales como las de comida y alojamiento.

En las notas y testimonios presentados podemos entrever las múltiples dificultades enfrentadas por estos trabajadores a un año de la pandemia, pero también sabemos que falta mayor información e investigación para entender con más claridad los múltiples efectos del COVID-19 en el trabajo y la vida de la población agrícola en los diferentes tipos de cultivos, regiones y países.

Por otro lado, es de notar que diversos actores y a diferentes niveles han generado también estrategias de sobrevivencia, protección y formas de autocuidado ante el nuevo contexto.

Desde aquellas implementadas por los productores ante la caída de los precios de los alimentos recurriendo a prácticas de diversificación de sus cultivos y otras estrategias de venta, pasando por el consumo de productos naturales que forman parte del conocimiento de la medicina tradicional para mejorar las defensas del organismo hasta las prácticas colectivas de autocuidado, que apelan a la consciencia de la importancia de la colectividad para salir de la crisis de salud y promueven la importancia del consumo local y el cuidado de los diferentes actores de la cadena agroalimentaria. Las vivencias en el campo, en el último año, incluyen la importancia de las creencias que se fomentan ante la imposibilidad de implementar medidas eficaces para lidiar con el COVID-19.

Las condiciones de vida y empleo de gran parte de la población trabajadora agrícola han develado la persistente precarización, pobreza, desigualdad y falta de derechos que se han agudizado en el contexto de la pandemia. Es necesario insistir: la mayoría de los trabajadores agrícolas son transitorios o eventuales y no cuentan con contratos formales que garanticen su protección social, como tampoco su estabilidad laboral, lo que en circunstancias de contracción económica y dificultades para su desplazamiento implicaron un aumento de los tiempos de desempleo y pérdida de ingresos, así como mayor vulnerabilidad al contagio.

Como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los impactos socioeconómicos derivados de la crisis de salud pública evidencian un aumento del desempleo y la pobreza y han reflejado la matriz de desigualdad en la región.

Crónicas y testimonios coinciden en señalar la necesidad de que se diseñen propuestas adecuadas a las necesidades de esta población trabajadora y de sus familias en lugares de origen y sitos de empleo, a la par de una urgente intervención de políticas públicas específicas, redistributivas y solidarias con un enfoque de derechos humanos. En el caso particular de la movilidad laboral internacional se confirma la necesidad de acuerdos binacionales para atender las condiciones laborales y proteger los derechos de la población trabajadora. El COVID-19 ha develado con una gran crudeza la importancia de esos cambios y de la protección de los sectores más desfavorecidos pero sumamente necesarios para el conjunto de la sociedad. •