La situación socio-laboral de los jornaleros agrícolas ante la pandemia

Es claro a esta altura de los acontecimientos que las consecuencias sociales de la pandemia provocada por el COVID-19 acentuaron las desigualdades sociales existentes y profundizaron la vulnerabilidad de los sectores sociales más desprotegidos. En Argentina, la interrupción de la actividad económica provocada por las medidas de aislamiento implicó una fuerte retracción del PBI y una severa caída del empleo formal e informal. Todo esto agravado por la particularidad de una economía que experimenta un severo problema inflacionario.

Los asalariados y asalariadas agrícolas se encuentran dentro de los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad. Se trata de un conjunto de trabajadores y trabajadoras en gran medida integrantes de hogares en situación de pobreza y contratados por las empresas al margen de las regulaciones laborales vigentes. Existen en el país algo más de 1.300.000 asalariados y asalariadas agrícolas y la mitad residen en localidades urbanas de diferente tamaño. Este dato refleja el nuevo perfil socio-laboral de los y las trabajadores y trabajadoras del agro que se distingue de la figura tradicional del campesino y campesina “semiproletarizado/a”.

Las actividades agrícolas, como en todas partes del mundo, fueron declaradas esenciales de forma tal que sus tareas no se vieron interrumpidas. Los trabajadores y trabajadoras permanentes, bajo estas condiciones, conservaron en términos generales sus ocupaciones bajo las condiciones de contratación y trabajo previas a la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras temporarios y temporarias, en cambio, sumaron dificultades adicionales a los problemas clásicos que enfrentan para completar sus ciclos anuales de trabajo, en el cual experimentan amplios momentos de desocupación. Esta situación se agudizó de forma notoria para los y las migrantes transitorios/as que vieron restringidas y obstaculizadas sus posibilidades de circulación laboral.

Mientras los trabajadores y las trabajadoras permanentes se encuentran de forma mayoritaria en las provincias de la región pampeana, área de mayor desarrollo relativo del país, los temporarios y las temporarias predominan en el resto de las regiones y provincias del país. Estos últimos padecen los efectos más nocivos de la pandemia sobre sus condiciones de vida y ocupación.

Las restricciones y las condiciones exigidas para la movilidad entre jurisdicciones dificultan la circulación laboral y el acceso al empleo de los trabajadores y trabajadoras temporarios/as. Las limitantes para desarrollar ocupaciones no agrícolas que completen los ciclos laborales, como la construcción o el trabajo doméstico pago, se suman a los problemas para acceder un empleo agrícola. Así, los momentos de desempleo se extienden y los ingresos laborales se resienten, de modo que se ven afectadas las estrategias de ingresos de estos hogares.

Junto a los ingresos laborales, los ingresos de las unidades domésticas cuentan con una participación relevante de las transferencias monetarias de la protección social. Las pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (la AUH es una transferencia monetaria directa a familias con menores no alcanzados por las asignaciones familiares contributivas) -difundidas de forma amplia entre estas familias- representan de forma aproximada 1/3 de los ingresos monetarios totales en momentos previos a la declaración de la pandemia.

La importancia de estos ingresos se destaca tanto en los hogares de residencia urbana como en aquellos establecidos en áreas rurales. Entre los últimos existe una proporción importante de familias con muy restringida o sin actividad campesina, y con limitadas posibilidades de auto aprovisionarse de alimentos dada las condiciones agroclimáticas y/o la escasa dotación de recursos.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional destinadas a los mercados de trabajo formales y asociadas a las prestaciones contributivas tienen entre los asalariados y las asalariadas transitorios/as un alcance casi nulo, dada la informalidad prevaleciente. El acceso al seguro de desempleo o a las asistencias monetarias del Programa InterCosecha están condicionados a un mínimo de aportes de estos trabajadores y trabajadoras a la seguridad social, que por lo general no alcanzan a cubrir.

En cambio, las transferencias monetarias no contributivas tienen un alcance generalizado entre estas familias. De hecho, al inicio del actual Gobierno fueron beneficiadas por la Libreta Alimentaria, correspondientes a un monto de dinero asignado para la compra de alimentos, que se reforzó durante la pandemia. Además, se implementó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para familias sin ingresos que no contasen con otras transferencias monetarias. Estos últimos fueron de difícil acceso para los trabajadores y las trabajadoras temporarios/as por los procedimientos requeridos para su cobro.

A pesar de la generalización del alcance de las ayudas y los derechos ligados a la protección social, estos trabajadores y trabajadoras acentúan las desigualdades experimentadas, dadas las dificultades de acceso al trabajo y el agudo proceso inflacionario que afecta los ingresos reales correspondientes a estas transferencias. Las limitadas oportunidades de empleo continuarán, muy probablemente, debido al avance de la mecanización de diferentes tareas manuales. Estos escenarios demandan respuestas de los gobiernos nacional y provinciales que tomen en consideración las características actuales del perfil socio-laboral de estos trabajadores y trabajadoras, y despejen viejas imágenes que no responden a las condiciones actuales de estos jornaleros y jornaleras. •