Van dos zafras que atraviesan la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y el sector azucarero corre su rutina cañera con monitoreos controlados en fábrica y en campo con algunos casos aislados y lamentables reportes mortales. El ingreso a los ingenios está muy controlado, lo mismo en las oficinas de las asociaciones productoras; para campo, existen programas de información y para los traslados de los grupos de cosecha foráneos. Así, se exige lo que se puede, lidiando con la indiferencia en las galeras y en los cañales: “de por sí, en el calor, el sudor, y otro trapo más encima que no deja respirar”.
Ningún sector en México mejor organizado para responder al control de la emergencia sanitaria que el azucarero, tan solo por la estructura que le confiere la ley, también única, que ha hecho del cultivo de la caña un asunto de interés público. Desde el organigrama sectorial: gobierno, empresas, productores y organizaciones no gubernamentales, se estableció un observatorio en los 15 estados productores y se da seguimiento con el Grupo Técnico Nacional de la Agroindustria Azucarera.
Según nuestra revisión en línea, el Grupo Técnico cuenta con un catálogo de acciones de concientización del COVID-19 en las zonas cañeras focalizando la atención en los grupos vulnerables. Parte de las estrategias, como trípticos -en uno contribuimos con el protocolo de retorno y el mapa de la movilidad laboral México-Centroamérica-, y monitoreo en línea, tienen como parámetro la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícola preparado con un grupo de expertos académicos colaboradores con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Salud y del CONACYT preparada como marco general protocolario
En esa Guía se ponderó la pertinencia de incorporar mensajes, sobre todo orales, en lenguas maternas de los grupos de trabajo, de lo cual no se encuentra indicio de algún material en lenguas en los protocolos azucareros o referencia al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas donde se encuentran mensajes de prevención en distintas lenguas. Lo anterior cabe advertirlo debido a la necesaria consideración de cubrir el perfil heterogéneo de la población dedicada a la zafra: locales y foráneos (hombres y mujeres, nacionales y extranjeros), hablantes de una decena de lenguas indígenas y algunos monolingües, cortadores con familia o jóvenes u hombres solos que se desplazan a varias escalas, sin escolaridad hasta los que tienen estudios universitarios y afiliaciones religiosas variadas. A esas características se agregan la precarización laboral, la falta de seguridad social y la marcada insalubridad de los albergues -con honrosas excepciones.
Nuestros estudios documentan 18 por ciento de hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional entre el gran ejército laboral en la cosecha de la caña de azúcar. Podemos calcular el dato redondo sobre 71 mil cortadores participantes en la zafra 2020-2021; en las seis regiones azucareras de la frontera sur en operación el número asciende a 9 mil jornaleros.
En las regiones de San Rafael de Pucté en Quintana Roo o en Huixtla en Chiapas, contratan a mil 740 y 900 cortadores, respectivamente, y tienen mano de obra transfronteriza. El primero, con pocas aportaciones de originarios de Belice, pero llegan zapotecos de Oaxaca y de los pueblos tzeltal y chol del norte de Chiapas y otros no indígenas de Veracruz o Tabasco. A la región cañera de Huixtla en Chiapas han llegado familias enteras y grupos de trabajo de Guatemala oriundos de San Marcos, Huehuetenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Chimaltenango, en su gran mayoría hablantes de mam, aunque igual de cakchiquel; son la principal fuerza laboral y representan hasta el 80 por ciento de los trabajadores en la zafra de esa zona azucarera.
Fuera de la órbita de la frontera sur, distintos grupos de cosecha provienen de los pueblos nahua de Zongolica y Alto Balsas, tlapanecos de La Montaña y grupos tzeltal, chol, coras, huicholes y tarahumaras. Un particular caso es el de los trabajadores asentados en Campeche que cortan caña para La Joya, son de una comunidad mexicano-guatemalteca y hablan q´anjob´al, q´eqchí´ o k´iche´.
En estas cosechas observamos una total apatía a las medidas de seguridad, a pesar de reiterados señalamientos de los capataces y jefes de cosecha. Como sea, se alcanza a cubrir la etiqueta sanitaria fuera de galeras y campos de trabajo; los cortadores disponen de algún cubrebocas reutilizado o desgastado para interactuar fuera del entorno laboral, la protección se activa al salir de compras, pasear o, transportarse; y en otros casos aseguran que no han recibido información en los frentes de corte.
La zafra 2021-2022 espera iniciar con trabajadores ya vacunados, el reto es monitorear si la cobertura abarcó a los más de 70 mil trabajadores como parte de la estrategia de control y prevención dentro de los esquemas de bioseguridad. Ello representa un gran desafío en mercados de trabajo que enfrentan la complejidad de la movilidad laboral y variados perfiles en los trabajadores como los cortadores de caña. De las lecciones de esta pandemia, se aprende la ineludible urgencia de establecer protocolos que garanticen el derecho a la salud para saldar de una vez una de muchas deudas pendientes con estos trabajadores esenciales. •