Declaratoria del 13º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales

Del 22 al 25 de junio de 2021 se realizó el 13º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, bajo modalidad virtual conforme a las acciones dictadas por la Secretaría de Salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19. Coyuntura que modificó la forma en la que cada dos años damos a conocer los resultados de nuestras investigaciones y vinculación con diversas organizaciones, también desencadenó cambios en la vida de las sociedades rurales de nuestro país, que profundizaron sus contradicciones y desigualdades sociales, pero mantienen su capacidad para enfrentar retos y construir alternativas.

Así, el 13º Congreso de la AMER tuvo como objetivo reconocer y analizar las particularidades de las confrontaciones, retos y resistencias que actualmente envuelven a la población del campo mexicano, así como visibilizar la diversidad de escenarios y maneras en que se reproduce la vida rural, y las alternativas que emergen dando continuidad a las viejas y nuevas utopías.

En este marco, se contó con 410 ponencias organizadas en 80 mesas de trabajo registradas en cuatro Ejes Temáticos: 1. Despojo y conflictos socio territoriales y resistencias; 2. Persistencias y cambio en las dinámicas sociales y productivas; 3. Alternativas y organización social; y, 4. Acción política y Estado. Con las diversas voces que se reunieron en las cuatro Mesas de Debate, fue posible escuchar distintas posturas y analizar diversas iniciativas, proyectos y políticas que debaten la solución de añejos problemas rurales, así como la direccionalidad de la transformación nacional.

Las experiencias, testimonios e información recuperada en distintos puntos del país, señalan que la búsqueda del crecimiento económico, como una solución a las crisis múltiples que enfrentamos desde hace décadas, no puede ser a costa de los recursos y la reproducción de la vida en las comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas. Nuevamente, como en anteriores congresos, fue motivo de preocupación el despojo que sobre sus bienes y recursos sufren las mujeres y hombres del campo, resultado de la implementación de megaproyectos extractivos; de producción, distribución y conducción de energía; de infraestructura; turísticos; industriales y de urbanización.

Las dinámicas sociales y productivas que persisten en el campo mexicano, muestran regiones y sujetos sociales insertos en procesos productivos, comerciales y laborales que, desde sus diferencias y particulares contradicciones, revelan de lo que está hecho el desarrollo rural en México y la necesidad de modificar efectivamente la transición democrática para dar salida a los problemas de producción y comercialización de los pequeños productores; al trabajo infantil; a la falta de opciones para que las y los jóvenes, cada vez más escolarizados, sigan arraigados a sus comunidades; a la histórica discriminación de las mujeres; a la falta de reconocimiento de los pueblos indigenas, campesinos y afromexicanos para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y sobre sus territorios; y, entre otros problemas, a la violencia rural ejercida en las comunidades por el crimen organizados que ha roto el tejido social.

Frente a estas problemáticas, el denominador común de las comunidades rurales ha sido la resistencia, la defensa y el desarrollo de estrategias para conservar sus territorios y las propias formas de vida. Luchas que han tenido en las mujeres y los jóvenes a sus principales protagonistas, que recuperan la experiencia y hacen alianzas con otras organizaciones sociales y productivas, y han propuesto el desarrollo comunitario como alternativa, que, a partir del rescate de sus memorias y saberes locales, les permiten construir propuestas agroecológicas enfocadas a la sustentabilidad y la protección de sus patrimonios bioculturales como territorios de vida.

Fue motivo de análisis la compleja relación entre el Estado y las comunidades rurales, la relevancia de las políticas públicas para el campo y el respeto de los derechos políticos y los derechos humanos de la población indígena, campesina y afromexicana. En este sentido, el cambio de régimen y la 4ª Transformación propuestos por el actual gobierno federal fue motivo de discusión y detenidas reflexiones. No obstante que se reconocieron sus beneficios y avances para el campo y sus habitantes, también se destacaron sus contradicciones y el camino que aún tiene por recorrer para romper inercias y viejas prácticas que impiden los procesos de participación social y toma de decisiones para colocar a los campesinos, indígenas y afromexicanos como sujetos activos de su propio desarrollo. Una decisión acertada de la 4ª Transformación ha sido no dar más concesiones a la minería a cielo abierto, al fracking, a los parques eólicos e implantaciones similares. Sin embargo, ésta no ha venido acompañada de reformas al artículo 27 constitucional y a sus leyes reglamentarias que den prioridad al uso territorial y el abasto de agua para el consumo humano, evitando los impactos ambientales y marginación social.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales como una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto fomentar, difundir y profundizar la investigación y el conocimiento sobre el campo mexicano para contribuir al desarrollo rural nacional, se pronuncia por:

1. La transformación y desarrollo nacional basados en el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afromexicanos. Aspiramos a que la resolución de los conflictos territoriales y disputas sociales pueden dirimirse en un marco de respeto donde la voz de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas se escuche y tenga eco.
2. El desarrollo del campo mexicano cimentado en el interés social, que considere la equidad, la justicia y la inclusión, como se estipula en los planteamientos del actual Plan Nacional de Desarrollo, sin imposición de proyectos y programas al margen de la participación y beneficios de la población.
3. Que se legalicen y legitimen ante el poder ejecutivo y legislativo las aportaciones de los conocimientos tradicionales y las formas de organización comunitaria para hacer frente a las emergencias sanitarias y las contingencias ambientales.
4. Apoyar la producción agroecológica de la milpa y comercialización de alimentos sanos en manos de campesinas y campesinos.
5. Sistemas agroalimentarios comerciales y campesinos libres de pesticidas y de herbicidas de alta toxicidad para los seres humanos y el ambiente, como el glifosato, a partir de su prohibición gradual y eliminación completa en 2024.
6. El aprovechamiento sustentable del agua, que asegure el derecho al agua de la población rural y favorezca su uso para la soberanía alimentaría de nuestro país. Detener la sobreexplotación de los acuíferos por corporaciones trasnacionales.
7. Modificar las leyes reglamentarias del artículo 27 para impedir constitucionalmente las concesiones mineras, eólica, presas y similares a corporaciones nacionales y extranjeras.
8. Políticas públicas regionales, integrales y democráticas, que favorezcan la inclusión y cohesión social, respetando la vocación productiva y manejo que la población local decide sobre sus territorios.
Mujeres en lucha, 2008. Carla Zamora
9. Alto a la violencia de género, y protección de la vida de las mujeres y niñas indígenas y campesinas. Respeto a la diversidad sexual.
10. No a la militarización de la vida social en el campo por parte del Estado.
11. Alto a la violencia rural ejercida por el crimen organizado.
12. Alto a la criminalización y asesinato de las y los luchadores sociales en defensa del territorio. Justicia para el líder yaqui Tomás Rojo recientemente asesinado. •