Al resolver un recurso del Partido Acción Nacional (PAN), la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el canciller Marcelo Ebrard no incurrió en propaganda gubernamental prohibida en proceso electoral al difundir la carta de respuesta que envió a The Economist en sus redes sociales y las de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el texto, el canciller rebate los cuestionamientos que esta publicación hizo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, reivindicando las políticas de esta administración.

Para el PAN, la difusión en redes sociales de la misiva implica el uso de recursos públicos y propaganda gubernamental en periodo prohibido, imputaciones que los magistrados Luis Espíndola y Rubén Lara consideran que no se actualiza. En su opinión, la pretensión de Ebrard era exclusivamente fijar un posicionamiento frente a la publicación que, en el ejercicio de su libertad de expresión, realizó The Economist. En ella rebatió las críticas de esta publicación.

Lara explicó que no hubo intencionalidad de Ebrard de fijar posicionamientos políticos o promover los logros del gobierno federal, como pretendía el PAN, sino simplemente buscaba aclarar la postura oficial frente a las críticas de The Economist.

Sólo la magistrada Gabriela Villafuerte consideró que el canciller transgredió las restricciones constitucionales en materia de promoción gubernamental en tiempos electorales. Si bien juzgó que la misiva a la publicación se realizó correctamente para aclarar las críticas que recibió López Obrador en la publicación, al difundirla en redes sociales oficiales y personales se transgredió la ley y se convirtió en propaganda, porque utilizó recursos públicos.

Por otro lado, se impuso una multa al Partido Encuentro Solidario por la difusión de espots en radio, televisión y sus redes sociales, en los que condena a las mujeres que acuden al aborto y se cuestiona su ejercicio. Para los magistrados, esta postura estigmatiza a la mujer y criminaliza esta práctica, olvidando que hay excepciones legales en la Constitución y que en algunas entidades está legalmente permitida.