El inmueble ubicado en la Avenida Juárez 92, que se encuentra en el abandono desde hace casi una década, será remplazado por un desarrollo inmobiliario que tendrá 27 niveles en el que se construirán departamentos, viviendas, un área comercial y un hotel.

De acuerdo con la convocatoria que lanzó ayer el Gobierno de la Ciudad de México para la presentación de proyectos urbano-arquitectónicos, así como un modelo de negocio en el predio de su propiedad, con una superficie de poco más de 5 mil metros cuadrados, se busca que el nuevo complejo arquitectónico sea puerta de entrada al Centro Histórico e ícono de la capital para el siglo XXI.

Desde 2012, después de ser ocupado por las oficinas de la Contraloría General, el edificio ubicado entre las calles Iturbide y Humboldt se encuentra en completo abandono y su fachada se convirtió en refugio de indigentes y población en situación de calle que ha sido reubicada en distintos momentos sin éxito.

Sede en sus orígenes de diferentes dependencias por distintos periodos, entre ellas Petróleos Mexicanos, de las secretarías de Gobernación, de Turismo y de la Conasupo, el inmueble sufrió el embate de los sismos de 1985, cuyos efectos obligaron al reforzamiento de sus estructuras de acero y la disminución de niveles, de 11 a nueve.

Construido en la década de 1960, ha sido testigo de la renovación que ha vivido el corredor Alameda-Reforma sin ningún cambio, hasta ahora, cuando se pretende convertirlo en un edificio de alto valor citadino, que genere una relación urbana con la Torre Latinoamericana, además de enriquecer y ordenar la vista en la Avenida Juárez.

Dicho proyecto deberá ser sometido a consideración de la Coordinación Nacional de Arqueología, la cual deberá atender el potencial del patrimonio en el subsuelo.

Como parte de los requisitos que tienen que integrar la propuesta que se haga al gobierno capitalino, se indica que la nueva construcción deberá ser un nuevo hito arquitectónico en la zona, que promueva el arraigo y permanencia de la población residente y fomente la llegada de nuevos habitantes.

Fomentar una mezcla de usos equilibrada que aumente la proporción de población residente, propicie el comercio y la economía local y active el espacio público, refiere la convocatoria que establece que el proyecto se debe desarrollar en un lapso de tres a cinco años.

Cada uno de los planes que se presenten por quien decida participar será evaluado por un jurado integrado por representantes de las secretarías de Movilidad, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Cultura, además de la Autoridad del Centro Histórico con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en todo el proceso, que al final deberá dar su aval.