Querétaro, Qro., Tres meses después de participar en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cinco mujeres fueron detenidas y cuatro de ellas vinculadas a proceso por ocasionar daños al inmueble de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a una maqueta.

Para la activista Maricruz Ocampo Guerrero, del Centro Latinoamericano para la Paz la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz), esta medida de los gobiernos municipal y estatal es mezquina, pues en lugar de enfrentar la violencia contra mujeres en Querétaro criminalizan a las manifestantes.

Denunció que la administración que encabeza el gobernador panista Francisco Domínguez Servién es omisa, pues desde 2015 diversas organizaciones le solicitaron declarar la alerta de género, lo que no sucedió.

De enero a mayo de 2021 la entidad ocupó el primer lugar en lesiones dolosas contra mujeres por cada 100 mil habitantes; hay 283 denuncias de violación y mil 538 por violencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ocampo Guerrero detalló que dos mujeres menores de 22 años fueron detenidas el 16 de junio y puestas en libertad, acusadas por el ayuntamiento de Querétaro de daños a una maqueta.

A las acusadas les demanda el pago de 2 millones de pesos por reparación del daño; además, la acusación conlleva una pena de nueve años de prisión y por ahora cuentan con medida cautelar mientras se realiza la investigación.

En tanto, la FGE reveló el domingo que otras dos mujeres también llevarán su proceso en libertad, bajo supervisión y con restricciones decretadas por un juzgador. La investigación durará dos meses. En estos dos casos aún se desconoce el delito del cual se les acusa y quién las demandó.

Una quinta persona también fue detenida y puesta en libertad; no fue vinculada a proceso por ser menor de edad. En todos los casos las detenciones fueron en fechas distintas, en algunos casos con engaños.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas en abril pasado, pero cumplimentadas en junio, después de las elecciones. La representante de Celapaz consideró que esta medida tiene tintes políticos y de represión a movimientos sociales.