Coyuca De Benítez, Gro., Integrantes de organizaciones sociales, agricultores y normalistas de Ayotzinapa marcharon para conmemorar el 26 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, donde la policía motorizada del gobierno estatal asesinó a 17 campesinos.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), así como familiares de los labriegos asesinados y sobrevivientes, encabezaron el contingente. La OCSS dedicó la movilización al caricaturista de La Jornada Antonio Helguera quien, destacó, siempre los apoyó en su búsqueda de justicia.

Los manifestantes pidieron al próximo gobierno estatal, que dirigirá Evelyn Salgado, crear una fiscalía especializada para resolver los crímenes cometidos en Guerrero contra luchadores sociales.

La marcha inició poco antes de las 11 de la mañana en la carretera que une a Coyuca con Tepetixtla. Representantes de organizaciones demandaron a quienes encabezarán la administración estatal, a partir del próximo 15 de octubre, hacer justicia a campesinos y líderes sociales ultimados, como Luis Olivares y Raymundo Velázquez, Rocío y Miguel Ángel Mesino, Arturo Hernández, Ranferi Hernández y Arnulfo Cerón, entre otros cuyas muertes permanecen impunes.

También exigieron la libertad de presos políticos y miembros de la OCSS, como Orlando Ávila, Gilberto Aguirre, Antonio Barragán y Jerónimo Hernández.

Al llegar al vado de Aguas Blancas, donde se erigió un monumento en memoria de los 17 caídos, colocaron una ofrenda floral y celebraron un mitin. La dirigente de la OCSS, Norma Mesino, señaló que “después de 26 años de la masacre de Aguas Blancas, se evidencia que el poder de la dinastía Figueroa –que incluye al ex gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer (1993-1995), durante cuya gestión se cometió la matanza– goza de plena salud e impunidad”.

Reprochó que desde 1994 han pasado cinco gobiernos federales (dos priístas, dos panistas y un morenista), así como cuatro gobiernos estatales (tres priístas y un perredista), de los cuales ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables.