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Sábado 26 de junio de 2021, p. 15
Una comisión de mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, así como funcionarios de otras dependencias, quienes les informaron sobre el avance del mecanismo de revisión de casos de tortura sexual, medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), el cual estaría por implementarse.
Tras el encuentro, Italia Méndez, denunciante de tortura sexual en Atenco, y Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –que acompaña el caso–, coincidieron en que esta acción llega con retraso, pues la sentencia de la Coridh fue notificada al Estado mexicano desde el 21 de diciembre de 2018. Además, destacaron que lo prioritario es que dicho mecanismo sea efectivo.
En entrevista, Italia Méndez mencionó que ésta es una de las medidas de no repetición importantes de la sentencia y saludamos que hayan dado a conocer los lineamientos
, los cuales se fueron construyendo en coordinación con las mujeres de Atenco, el Centro Prodh, entre otras, pero manifestaron la necesidad de garantizar los recursos económicos para que funcione y también la eficacia de los dictámenes, para que realmente tenga impacto
en la vida de las víctimas.
Por otra parte, indicó que en el encuentro tuvimos oportunidad de exponerle al subsecretario una serie de reclamos por la falta de coordinación y por la poca eficacia en la administración que nos ha llevado a un serio retraso en la implementación de la sentencia de manera integral
.
Al respecto, Sofía de Robina indicó que existen otras siete medidas de la sentencia de la Coridh las cuales esperan sean impulsadas de manera coordinada, estratégica “y con toda la voluntad del Estado, incluso aquellas que no dependen directamente de la Secretaría de Gobernación, pero que sí tendría que tener un papel de coordinar, entre ellas la investigación de los hechos –central para las mujeres–, pero también otras como el observatorio sobre el uso de la fuerza, del que hay cero avances”.