Buenos Aires. Una abrumadora guerra judicial y mediática se lleva a cabo contra el gobierno de Alberto Fernández, encabezada por los grandes medios de comunicación, la dirigencia de la derechista alianza Cambiemos (Juntos por el Cambio), además de numerosos jueces y fiscales.

Aliados de la pasada administración del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), varios de ellos nombrados sin cumplir con los requisitos legales, se dedicaron a crear causas, sin pruebas, para desestabilizar a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la nación.

Mediante dichas causas, en su mayoría basadas en informes publicados en medios de comunicación, como demuestran investigaciones recientes, se montó una guerra despiadada y se llevó a prisión ilegalmente a ex funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y sociales, sin haber sido juzgados. Muchos de ellos (como la dirigente Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, y ocho compañeros suyos) siguen detenidos, víctimas de persecución política.

En horas recientes el presidente Fernández fue citado como ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para declarar como testigos en una causa que investiga una supuesta adjudicación ilegal de obra pública a la empresa Austral, del empresario Lázaro Baéz, víctima también de ilegalidades.

También se convocó a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Carlos Zannini, Aníbal Fernández (ex jefe de gabinete), ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, en esta causa que impulsó el ex titular de Vialidad Nacional de Cambiemos, Javier Iguacel, por presuntos sobreprecios en las obras entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, a pesar de que los propios auditores técnicos negaron que existiera esta situación, ante el Tribunal Oral Federal. La defensa de la vicepresidenta demostró que no podían existir los sobreprecios, ya que los presupuestos pasaron por numerosos controles y firmas, entre ellos los de la jefatura de gabinete y todo el Congreso.

En tanto, los miembros de la sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, brazo judicial del gobierno de Cambiemos, nombrados por Macri, avalaron hace dos días el pedido de allanamiento al laboratorio AstraZeneca al juez Julián Ercolini, en una causa que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan por la demora en la llegada de vacunas.

El aparato judicial alineado con Juntos por el Cambio se dispone a concretar una maniobra que puede tener repercusión en la vacunación en Argentina e impacto a escala internacional por esta causa creada a partir de la denuncia de Josefina de Elizalde, titular de Acción Conjunta Republicana, quien nunca tuvo el objetivo de mejorar la vacunación, sino de apuntar contra el gobierno. Por eso pidió que se impute a Alberto Fernández, Ginés González García y Carla Vizzotti como si hubiera existido un acuerdo entre los funcionarios y el laboratorio para atrasar la llegada de vacunas”, destacó el analista Raúl Kollman, del periódico Página 12.

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