Guadalajara, Jal., Pobladores de Temacapulín, comunidad que desde hace 15 años ha estado amenazada con desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo, denunciaron que se reanudó la construcción del embalse, pese a que existe un amparo que en 2014 detuvo la obra; además, el gobierno estatal se niega dialogar, aunque existe un doble mandato judicial para que lo haga.

Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, reveló que descubrieron que al menos 50 trabajadores siguen laborando en El Zapotillo y que es falso que el presupuesto que ha destinado el actual gobierno federal sea para mantenimiento, como se ha dicho, sino que se usa para nueva infraestructura.

La obra, en la cual se han invertido alrededor de 30 mil millones de pesos desde que se inició en 2006, fue detenida en 2014. Luego de un largo proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la cortina no debe medir más de los 80 metros de altura que actualmente tiene.

Espinoza detalló que si bien los trabajos que se hacen no aumentan la altura de la presa, sí son obras complementarias para mantener la infraestructura, entre ellas un tanque de amortiguamiento; así, en cuanto se destrabe el conflicto legal que impide su avance, se iniciará el llenado con la escasa agua del río Verde.

En rueda de prensa, integrantes del comité y ambientalistas informaron que el pasado 20 de mayo el quinto tribunal colegiado en materia administrativa concedió (por segunda ocasión) a Beatriz Espinoza, presidenta de Salvemos Temacapulín, la razón jurídica para que se instale una mesa de alto nivel.

En dicha reunión, la administración estatal, encabezada por Enrique Alfaro, tendría que explicar los términos del acuerdo de entendimiento firmado en 2019 con el gobierno de Guanajuato y reiterado la semana pasada para reactivar el proyecto, el cual incluye, además de la presa, un acueducto que llevaría el lìquido a la ciudad de León.

Desacato a tribunales

Espinoza, habitante de Temacapulín, presentó en julio de 2019 ante tribunales una demanda para obligar a dialogar a varios funcionarios del gobierno estatal, y el año pasado fue resuelta en su favor.

Sin embargo, esta determinación fue ignorada por las autoridades jaliscienses, lo que obligó a presentar una segunda demanda que se resolvió hace poco más de un mes, pero tampoco ha sido acatada.