La propuesta de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que formuló el gobierno –cuyas reuniones de seguimiento empiezan este sábado– divide opiniones entre colectivos especializados en el tema, pues mientras algunos consideran que abre una puerta para avanzar en la autonomía de los pueblos originarios, otros advierten que su contenido no está claro y puede ser una iniciativa peligrosa.

Como informó La Jornada, el Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 9 de junio la convocatoria a las sesiones en las que se dará seguimiento a los acuerdos del proceso de consulta de dicha reforma, las cuales se llevarán a cabo del 19 de junio al 25 de julio en diversas sedes de todo el país.

De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de enero de este año, el propósito de la modificación constitucional es reconocer, en toda la extensión de la palabra, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización.

Consultado sobre el tema, Carlos Manzo, coordinador general del Centro Universitario Comunal de la Universidad Comunal de Oaxaca, consideró que la propuesta de reforma recupera muchos elementos fundamentales de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, sin que el Estado pierda la rectoría del usufructo de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de las comunidades.

Aunque afirmó que la iniciativa no me parece mala, el académico enfatizó que el texto debe ser analizado y discutido a profundidad para no ser aprobado al vapor, y sobre todo recabar la opinión de pueblos originarios que en este momento enfrentan posibles daños a su territorio y sus recursos debido a obras de infraestructura y proyectos extractivos.

En contraposición, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, subrayó que nosotros vemos muy peligrosa la reforma, porque no están haciendo las consultas como debe ser, siguiendo estándares internacionales, lo cual ha marginado del debate a muchas comunidades.

La gran mayoría no estamos opinando, no sabemos de qué se trata (la reforma constitucional) y eso es algo lamentable, porque parece que legislan para despojarnos. Es una mentira que se nos va a reconocer como sujetos de derecho: esto lo hacen supuestamente para retomar los Acuerdos de San Andrés, pero es algo más bien tardío que nos puede perjudicar, indicó.