Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió ayer su último día de visita oficial en Colombia, donde verificó las denuncias de abuso policial, violencia de género y desapariciones en el contexto de las protestas que iniciaron el 28 de abril contra las reformas del presidente Iván Duque, la desigualdad y el desempleo, y se convirtieron en un estallido social que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos.

La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, visitó en Bogotá la exposición fotográfica Vidas Robadas, que rinde homenaje a las víctimas de las protestas de 2019, 2020 y 2021, en su mayoría por la represión policial, y escuchó los relatos de algunos familiares.

La CIDH recibió durante su visita más de un centenar de testimonios de víctimas de violencia y varios informes gubernamentales y de distintas ONG. Con la información recaudada emitirá una declaración con observaciones y recomendaciones.

El Comité Nacional del Paro, que analiza cambios en su estrategia de protestas, pidió a la CIDH que solicite al Ejecutivo la adopción del preacuerdo de garantías al cual llegaron el 24 de mayo con los delegados de Duque e intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial.

Desde el 28 abril decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, situación que a la fecha el gobierno no ha podido controlar.