El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, permanecerá en prisión preventiva hasta que se defina su situación legal, en tanto que su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, podrá salir en libertad, sujeta a un brazalete electrónico, y previo pago de una fianza de millón y medio de pesos.

En la audiencia inicial, realizada ayer, la defensa del ex mandatario pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que será el 12 de junio próximo cuando se defina si su aprehensión fue legal y sean imputados formalmente.

Por su parte, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de esa entidad cumplimentaron otra orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Nayarit por ejercicio indebido de funciones y peculado, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del estado, por un monto aproximado de 83 millones de pesos, mandamiento emitido por un juez de primera instancia del fuero común.

Más tarde precisó que el ex gobernador se encuentra recluido en el Cefereso No. 4, El Rincón por otra causa penal federal.

Sandoval y su hija fueron arrestados el domingo pasado, en Linares, Nuevo León, después de permanecer prófugos durante tres meses, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en marzo pasado que tenía órdenes de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras el arresto, gracias a un operativo conjunto de la FGR, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, los detenidos fueron llevados a comparecer ante un juez federal de Tepic, Nayarit.

En la diligencia, aunque sus abogados solicitaron que ambos pudieran salir en libertad condicional, la FGR argumentó que se les pudo detener sólo después de una intensa búsqueda, para la cual se requirió incluso el apoyo de la Interpol, mediante la emisión de una ficha roja.

El juez consideró que sí existe riesgo de que el ex mandatario pueda evadirse nuevamente de la acción de la justicia, por sus antecedentes y su poder económico, por lo que ordenó que permanezca en la cárcel, pese a que el delito del cual se le acusa está tipificado como no grave.