Sin un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en operación, las autoridades, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional tienen herramientas para perseguir delitos por medio de las telecomunicaciones. Se pueden intervenir líneas telefónicas, pedir registros de llamadas y geolocalización que, de acuerdo con el análisis de información pública, están actualmente en operación y se usan en miles de casos.

Durante los dos años pasados y el primer trimestre de 2021, la FGR ha requerido a las empresas de telecomunicaciones y aplicaciones de Internet la intervención de mil 456 líneas telefónicas, así como el acceso a 5 mil 819 a registros de llamadas y 221 de recursos de geolocalización en tiempo real.

Como parte de una obligación de transparencia que antes tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora cada autoridad con facultades para acceder a estas herramientas, reporta el número de solicitudes hechas a las empresas concesionarias de telecomunicaciones, proveedores de servicios y aplicaciones de Internet para la reinvención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación.

Así como lo hace la FGR y lo hacía la Política Federal, la Guardia Nacional tiene facultades para pedir la intervención de líneas, el acceso a registro de llamadas y geolocalización. Entre el año pasado y el primer trimestre de 2021, esta corporación ha hecho 120 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas –sin detallar a cuántas líneas alcanza cada petición– y 42 más para el rastreo de llamadas, derivada de la consulta a datos públicos.

Todavía en 2019, la entonces Policía Federal –que tiene como plazo este junio para desaparecer y que concluya su paso a Guardia Nacional– también reportó 48 solicitudes de intervención a comunicaciones privadas, sin detallar el número de líneas o usuarios vigilados.