Ciudad Juárez, Chih., Los vehículos oficiales de la Fiscalía General del estado (FGE) y de Seguridad Pública estatal paralizados vía GPS por falta de pago a la empresa que los renta al gobierno de Chihuahua volvieron a la circulación tras un acuerdo de pago, informó ayer el fiscal César Augusto Peniche Espejel.

El martes, 300 patrullas que utiliza la FGE y la Policía Ministerial Investigadora de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron inmovilizadas vía electrónica por falta de pago de alrededor de 70 millones de pesos por concepto de renta.

El fiscal general explicó que durante el martes funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunieron con directivos de la compañía Casanova Vallejo, dueña de las 300 unidades, a fin de acordar el desbloqueo del parque vehicular.

Mandos de las fuerzas policiacas dijeron que desde la noche del martes algunos vehículos quedaron desbloqueados. La mañana de ayer, sólo dos se quedaron en el estacionamiento.

Sin embargo, agentes investigadores de la fiscalía se quejaron de que sus superiores les pidieron durante el pase de lista, utilizar lo menos posible las unidades tipo pick up y otros vehículos Volkswagen que les entregó recientemente la administración estatal.

Incluso, tras quedar bloqueadas las patrullas, utilizaron las viejas unidades y automóviles particulares; pero tampoco les dieron vales de gasolina, denunciaron agentes de la FGE en la zona norte.

Las patrullas, propiedad de la arrendadora Casanova, quedaron fuera de circulación en zonas peligrosas de la sierra tarahumara que estaban en labores de combate al crimen organizado y en colonias violentas en ciudades como Juárez y Chihuahua capital.

En 2020, el gobernador Javier Corral entregó más de 500 patrullas a las direcciones de policía de 48 ayuntamientos, y a las distintas corporaciones adheridas a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Del resto de vehículos para las corporaciones estatales, 370 los adquirió por medio de un esquema de renta por el cual paga 14 millones de pesos mensuales.