El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril pasado, las cuales dan origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El organismo argumentó que ese ordenamiento dictado por el Congreso de la Unión contraviene su autonomía presupuestal, la cual consisten en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna; además que el padrón invade sus atribuciones como regulador y garante del acceso a servicios de telecomunicaciones.

A mediados de abril se publicó en la gaceta oficial la regulación que da pie al Panaut, un registro de tarjetas SIM que incluirá nacionalidad, clave única de registro de población, algún elemento biométrico (huella digital, reconocimiento facial o de retina), domicilio, compañía que presta el servicio y el tipo de contratación.

Como lo adelantó, el IFT negó que tenga los recursos para poner en marcha el Panaut, dado que el ingreso aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 está asignado a las funciones que mandata la Constitución al regulador.

Según estimados de este organismo, se requieren 109 millones 864 mil pesos el primer año y 88 millones 584 mil pesos anuales para sostener dicho padrón.

La controversia también acusa que el mandato de estructurar y mantener el Panaut interfiere con las atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, toda vez que le obliga a poner en práctica un modelo de supervisión que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.