Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que el próximo 27 de mayo será arrestado por órdenes de un juez del estado de México, cuando se presente a defender a la luchadora social Kenia Hernández López, por solicitar que su cliente pueda tener acceso a un intérprete, en el marco del proceso penal que se le sigue.

En entrevista, el litigante explicó que, tras la aprehensión de Hernández, el 18 de octubre de 2020, la activista –acusada de los cargos de robo con violencia y ataque a las vías de comunicación–, pidió contar con un intérprete del amuzgo, su lengua materna –a pesar de que sabe hablar español– por sentirse más cómoda en ese idioma.

Aunque a las audiencias llegó una intérprete, hablaba una variante regional del amuzgo distinta a la de Hernández, por lo que no fue posible entablar la comunicación, y cuando la acusada se lo hizo ver a Jorge González Rivera, juez de juicio oral del distrito judicial de Ecatepec, éste le ordenó a la mujer que no le hablara en su dialecto, sino en español.

De igual forma, el juzgador le recriminó a Lara defender el derecho de Kenia Hernández de autoadscribirse como indígena y consideró que el abogado estaba utilizando de forma indebida este elemento en la defensa de la activista, por lo que ordenó su arresto si se presenta a la audiencia del próximo 27 de mayo.

La actitud del juez es un botón de muestra de la forma autoritaria, prepotente, racista y clasista con la que se conducen muchos juzgadores del estado de México y del país. Si es necesario mi arresto como una forma de resistencia civil, que cada minuto del mismo ponga en evidencia la inmensa brecha que existe para impartir justicia con sensibilidad, indicó.

Por su parte, Amnistía Internacional México externó su preocupación por la orden de arresto contra Antonio Lara y recordó que es obligación del Estado facilitar el derecho a la justicia de los pueblos indígenas y proporcionar un intérprete cuando sea requerido.