La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso al Congreso capitalino reformas al Código Penal para incrementar la responsabilidad por lesiones y homicidio culposo en hechos de tránsito y aumentar las penas de prisión a los delitos de asociación delictuosa, invasión de inmuebles y al uso de arma de fuego para lesionar o privar de la vida a otra persona.

La iniciativa añade como agravantes en los tipos penales de lesiones y homicidio por hechos de tránsito el exceso de velocidad, la invasión de carriles confinados y la manipulación de dispositivos de comunicación mientras se conduce, que se suman a los ya previstos de no proporcionar auxilio a la víctima y el consumo de alcohol o sustancias sicoactivas.

En estos casos, aumenta la pena de una mitad a dos terceras partes de las que señalan los artículos 123 y 130, con lo que, para el caso de homicidio, la sanción vigente de cuatro a 10 años de prisión pasaría a cinco años y tres meses la mínima y de 13 años y tres meses la máxima.

De igual manera para las lesiones, por ejemplo, las que ponen en peligro la vida pasarían de tres a cuatro años, a una de entre cuatro años y cinco años y tres meses.

Dichas modificaciones, señala el proyecto de decreto, se justifican por ser los hechos de tránsito la séptima causa de muerte en la población en general (1.08 al día durante 2019) y la segunda en personas de cinco a 29 años, aunado a un reclamo social de brindar una protección más amplia a ciclistas y motociclistas, la percepción de impunidad por el bajo número de casos vinculados a proceso, las bajas penalidades que permiten el efecto de puerta giratoria y a que uno de cada tres automovilistas involucrados en un accidente se fuga sin dar auxilio a la víctima.

Para el delito de invasión de inmuebles la iniciativa propone aumentar la pena de prisión que va de dos a cinco años a una mínima de cinco y una máxima de 10 años.

El sólo uso de un arma de fuego en lesiones y homicidio se establecerá como agravante y la asociación de tres o más personas para delinquir duplicará la pena de cuatro a ocho años la mínima e incrementa de ocho a 12 la máxima; además, se aumentará en una mitad la sanción cuando el grupo delictivo cometa homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, lavado de dinero o narcomenudeo, así como a integrantes de la banda que sean servidores públicos o pertenezcan a corporaciones de seguridad.

En otra iniciativa, la titular del Ejecutivo plantea modificar la Ley de Desarrollo Urbano para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en asentamientos irregulares en zonas naturales, así como mitigar y restaurar en la mayor medida posible los servicios ambientales con mecanismos de participación social y proporcionar apoyos temporales de renta en los casos en los que se determine improcedente regularizar un asentamiento.