En Latinoamérica y el caribe deben impulsarse políticas fiscales basadas en derechos humanos a fin de generar las condiciones para luchar contra la pobreza y la desigualdad, garantizar educación y salud, acceso a vivienda y programas sociales, sobre todo tras la pandemia de Covid-19, señalaron expertos.

Al emitir el documento Principios de derechos humanos en la política fiscal, Daniel Titelman, director de la división de desarrollo económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que las prerrogativas económicas, sociales, culturales y ambientales deben incidir en el diseño de políticas fiscales en las naciones.

Un desafío importante de la política fiscal será promover el avance y cumplimiento de los derechos humanos, garantizando recursos para reforzar los sistemas de protección social, de salud, de educación y vivienda; se debe incorporar un enfoque de género en todo el ciclo presupuestario para cerrar las brechas, así como impulsar políticas tributarias que aumenten y fortalezcan una mejor distribución del ingreso y se pueda avanzar en una trayectoria en aumento sostenible del gasto público.

Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que las políticas fiscales son centrales para enfrentar la pobreza y la desigualdad, de ahí que sea importante incorporar esa perspectiva en proyectos fiscales de las naciones de la región.

Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, remarcó que la política fiscal es el único pilar que permitirá la reducción de la desigualdad. Los Estados deben entender que la política fiscal debe dirigir recursos para la reparación y fortalecimiento de la educación y otros derechos.