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Lunes 17 de mayo de 2021, p. 8
Más de 300 intelectuales, escritores y creadores mexicanos publicaron una carta donde rechazan la represión de los agentes del Estado
en Colombia y manifiestan su solidaridad con el pueblo de ese país en su búsqueda por hallar soluciones pacíficas a las problemáticas e injusticias sociales que lo llevaron a movilizarse
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En el documento, publicado en el diario colombiano El Espectador, exhortaron a que los diálogos entre el gobierno del presidente Iván Duque, el Comité de Paro y las instancias que la sociedad movilizada decida se realicen en un contexto que garantice la seguridad de los participantes, tengan un carácter amplio e inclusivo, y conduzcan a la concreción de soluciones reales, capaces de atender las causas profundas que subyacen a la actual crisis
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Entre los firmantes se encuentran Elena Poniatowska, Rosa Beltrán, Enrique Villaseñor, Marina y Andrea Stavenhagen, Hernán Bravo Varela, Valentina Leduc Navarro, Juan Meliá, Néstor García Canclini, Javier Esteinou Madrid, José Luis Paredes, Evoé Sotelo y Socorro Venegas.
Sostienen que desde el inicio del paro nacional, el 28 de abril pasado, hemos observado con preocupación los actos de violencia cometidos, con alta presunción, de la policía: represión contra la legítima protesta social, asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas
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Refieren que, según estimaciones de Indepaz, la fuerte represión a las movilizaciones y manifestaciones públicas ha dejado, hasta el 8 de mayo, 47 personas asesinadas, 278 personas agredidas, 12 casos de violencia sexual, 963 detenciones arbitrarias y 548 desaparecidos
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Destacan que hay un panorama de alta gravedad
por la evidente violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el uso desproporcionado de la fuerza, la participación de grupos paramilitares, los riesgos asociados a la militarización de las principales ciudades y la reticencia del gobierno del presidente Duque para solidarizarse con las víctimas
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Consignan que la insensible y ominosa reforma tributaria que pretendía gravar desde alimentos y medicinas hasta los servicios funerarios, en medio de una pandemia que ha recrudecido una profunda crisis económica
detonó las protestas sociales.
Las movilizaciones, agregan, también responden a una profunda desigualdad económica y social, la corrupción de diversos funcionarios y actores políticos asociados con élites que han concentrado el poder históricamente, los múltiples y agraviantes asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales y la represión a movimientos indígenas y campesinos
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Así como a las dilaciones y obstáculos que el actual gobierno ha puesto a la aplicación de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos
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