Familia jornalera indígena de camino al campo de trabajo. Tlachinollan

Indígena de Cochoapa el Grande en la Casa de jornaleras y jornaleros de Tlapa. Tlachinollan

Vacunas para jornaleros y jornaleras agrícolas: REJJA

De acuerdo con el documento rector de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, su aplicación “a personas adultas mayores tendría un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciaría con la población que reside en zonas rurales dispersas, y progresivamente continuaría hasta llegar a las zonas metropolitanas”; en la práctica esta instrucción no se ha cumplido. En primer lugar, porque el lineamiento no contempla la aplicación de las vacunas en las comunidades indígenas, que en su mayoría enfrentan los estragos de la incomunicación. En segundo término, el mismo personal de la Secretaría de Bienestar solo programó la aplicación de las vacunas en las cabeceras municipales, porque las maniobras del traslado del biológico, el mantenimiento de la temperatura y su resguardo era menos complicado. No sopesaron las distancias ni la orografía en que se encuentran enclavadas un gran número de comunidades, donde habita la población indígena mayor de 60 años, que por sus enfermedades crónicas arrastra dificultades físicas y carencias económicas para desplazarse.

En los 19 municipios de la Montaña hay más de 500 comunidades indígenas que se encuentran distribuidas en la parte alta del macizo montañoso, en la región de la Cañada y las estribaciones que descienden a la Costa Chica. Las municipalidades de mayor extensión territorial son las que registran un histórico rezago social como Cochoapa el Grande, Acatepec, Metlatónoc y Zapotitlán Tablas. Son lugares donde los cacicazgos políticos se han robustecido con la violencia ejercida por los grupos de la delincuencia organizada. La expulsión de las familias, a causa del hambre, ha roto los lazos comunitarios e individualizado la lucha por la sobrevivencia, al enrolarse como jornaleros agrícolas. Su ausencia tiene un alto costo social y económico, son excluidos de los programas federales, porque los servidores de la nación no los encuentran en sus domicilios. Esta historia se repite con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.

Tomando como referencia el reporte diario que realiza el Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero, de febrero del 2020 al mes de marzo del presente año se documentaron 17 mil 775 personas que salieron de sus comunidades. Los municipios de mayor expulsión fueron Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlapa, Alcozauca, Atlixtac y Copanatoyac. La información que han dado sobre sus comunidades de origen se eleva a 95 localidades, cuyas familias se encuentran distribuidas en 84 campos agrícolas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. La mayoría son del pueblo Na savi y en menor medida Nahuas y Me’ phaa. Las personas mayores de 60 años, que aún realizan labores extenuantes en el campo son 278. El registro de los hombres mayores es de 183 y las mujeres son 95. Por las entrevistas que hemos realizado, solo 3 personas han sido vacunadas en el estado de Sinaloa.

En el nuevo municipio de San Quintín, Baja California, que está conformado por 4 delegaciones y 70 colonias, es el único lugar donde la mayoría de las familias jornaleras se han vacunado. Se trata de un asentamiento muy extenso, donde el 90% de las familias son jornaleras agrícolas que dejaron sus comunidades de origen, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, y se establecieron en un lugar donde las empresas agroexportadoras demandan mucha mano de obra. El pasado miércoles 28 de abril aplicaron la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años. En este municipio solo la empresa Agroexportadora del Noreste, conocida como Agrícola los Pinos, hizo la gestión para que vacunaran en el campamento a los adultos mayores. En el mes de febrero instalaron un módulo para recibir la primera dosis.

En los demás estados del país, donde más de 2 millones de jornaleros y jornaleras agrícolas luchan por su sobrevivencia, las empresas y los ranchos les vale un bledo la aplicación de las vacunas a las personas jornaleras mayores de 60 años. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ellas representan el 8.9%, a nivel nacional, es decir, 206 mil 253.

La realidad es atroz, como dijera un jornalero de 63 años de la Montaña “estamos marcados por la desgracia: nos discriminan las autoridades, nos engañan los políticos, nos dividen los partidos, nos explotan los patrones, nos mata el hambre, y ahora el COVID-19, llegó a los surcos y a nuestras comunidades para robarnos el oxígeno y enterrarnos antes de que nos toque irnos.”

Con justa razón la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA) ha planteado a las autoridades de salud que garanticen la vacunación contra el COVID-19 a la población jornalera, que es el sector más vulnerable y desamparado de los trabajadores esenciales del país. Es por ello que ha lanzado recientemente un exhorto urgente al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud, a las autoridades estatales y locales, tanto de los estados de origen como de destino de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones/ procuradurías de Derechos Humanos estatales, para que vigilen el acceso a la vacunación de las personas adultas mayores jornaleras, así como la difusión del acceso a la mismas en español y en sus lenguas maternas, y se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

Presentar información precisa, sencilla y en lenguas maternas sobre los lugares y tiempos donde se aplicará la vacunación o en su defecto, se brinde esta información a los patrones, para que creen y faciliten las condiciones para que sean vacunados/as en su lugar de trabajo.

Establecer las medidas necesarias para garantizar las suficientes dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los centros de trabajo agrícola (estados de destino), en los albergues para familias jornaleras que no estén dentro de los centros de trabajo agrícola, así como en aquellos municipios y localidades en donde se ubican los ranchos agrícolas o invernaderos.

Garantizar por parte del Estado que todos los recursos e insumos médicos para prevenir los contagios por COVID-19 estén disponibles en los campos agrícolas donde se encuentran las personas jornaleras adultas mayores. •