La eventual utilización del edificio de República de Cuba 60, en el Centro Histórico de la capital, como refugio para víctimas de violencia de género, codirigido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la asociación civil Frente Nacional Ni Una Menos México, generó puntos de vista encontrados.

Luego de que el jueves se firmó un convenio de colaboración entre ambos organismos, en el cual se acordó destinar el mencionado inmueble como sitio de atención a víctimas, la presidenta de Ni Una Menos, Yesenia Zamudio, estimó que los grupos feministas del llamado Bloque Negro –los que controlan ese edificio desde septiembre de 2020– no han hecho buen uso de las instalaciones.

Las chicas no tendrían por qué estar ahí. Creo que muchas no saben para qué quieren el inmueble y tampoco pueden quedarse con él si ni siquiera le están dando un uso indicado. Parece que lo agarraron más como vivienda, cuando para eso hay otras instituciones que podrían darles solución. El problema nuestro es mucho mayor, porque hablamos de violaciones de derechos humanos, indicó en entrevista.

La activista –madre de María de Jesús Jaimes, estudiante universitaria víctima de feminicidio en 2016– reiteró que las integrantes de Ni Una Menos México no queremos el edificio para vivir ahí, sino para atender a las víctimas del interior de la República.

Al preguntarle si el convenio firmado el jueves implicaría un desalojo de los grupos que hoy controlan el edificio, Zamudio indicó que no lo sabe, pues la instancia que está analizando ese punto es el área legal de la CNDH.

En tanto, otra activista, Erika Martínez, quien hasta hace unos meses formaba parte de la llamada okupa de República de Cuba, lamentó que Ni Una Menos México busque codirigir el inmueble y consideró que Zamudio busca obtener un beneficio personal del lugar.

“Ya sabíamos que había algo oscuro y hasta hoy sale a la luz, porque ellos ya dan por ganado el edificio. Lamentablemente, primero tuvieron que romper desde adentro el movimiento feminista y crear problemas entre colectivas, pero no hay nada ganado ni perdido, porque el edificio todavía está en resguardo del Bloque Negro y vamos a ver cómo responde”, puntualizó.

Luego de recordar que ella y otras cuatro activistas tuvieron que salir del inmueble a raíz de que la CNDH presentó denuncias en su contra por el delito de despojo, Martínez –cuya hija fue víctima de abuso sexual a los siete años de edad–, afirmó que las organizaciones feministas deben supervisar el trabajo de los organismos del Estado, pero no trabajar para ellos, porque las instituciones no desean colaborar, sino que la gente esté bajo su yugo.

Las actuales ocupantes del edificio declinaron hacer declaraciones.