La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un testigo colaborador que ayudará a acreditar la responsabilidad de 20 ex funcionarios del sistema penitenciario federal en actos ilícitos que se cometieron durante los procesos de adjudicación, contratación y construcción de los ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que fueron desarrollados con recursos de la iniciativa privada y que involucraron un acuerdo superior a 270 mil millones de pesos.

Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales indicaron que Javier Haro de Alva, ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), solicitó y obtuvo la posibilidad de acceder al criterio de oportunidad con el fin de aportar evidencias para que se sancione a quienes participaron en los procesos para la construcción de los penales federales de Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán. A este respecto, Javier Haro de Alva laboró hasta junio de 2019 como director general de administración en el Servicio de Protección Federal, un órgano de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los funcionarios entrevistados refirieron que De Haro Alva, aunque forma parte del grupo de ex funcionarios contra quien la FGR solicitó que se le citara a la audiencia de vinculación a proceso penal 45/21, ante un juez del Reclusorio Sur, el Ministerio Público Federal informó a los órganos del Poder Judicial de la Federación que para el ex director administrativo se establecerá un mecanismo diferente al que se seguirá, por ejemplo, contra la ex directora de penales federales Celina Oseguera Parra, quien anteriormente fue juzgada como presunta involucrada en la fuga de El Chapo Guzmán en junio de 2015, cargo del que fue absuelta.

Sin embargo, en este caso, la FGR ha solicitado la comparecencia, como imputado, del ex director del heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien durante esta administración fue coordinador de prisiones federales y se llegó a mencionar como posible sustituto del ex secretario Alfonso Durazo.