La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varias partes de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, lo que abre la puerta para que el ex gobernador de esa entidad, César Duarte Jáquez, busque recuperar los bienes que le fueron asegurados, cuyo valor supera 500 millones de pesos.

El pleno de ministros resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra fracciones de los artículos 2, 40, 41, 42 y 43 de la ley estatal.

El ministro Javier Laynez Potisek, autor del fallo aprobado, no entró al examen de fondo sobre si dicha ley violaba derechos humanos; únicamente basó su invalidez en el hecho de que el Congreso de Chihuahua invadió facultades exclusivas de la Federación.

El 14 de marzo de 2019 se promulgó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el 22 de febrero de 2020 el Legislativo estatal aprobó su propia ley, la cual se refiere esencialmente al mismo tema.

Por ello, la SCJN invalidó los artículos de la ley estatal, aunque los efectos no serán retroactivos; es decir, se anularían todos los actos de aplicación de la norma desde el momento en que ésta fue emitida.

Ganado, inmuebles y especies exóticas

Pese a eso, el fallo del máximo tribunal permite que los actos de autoridad ejecutados con base en la ley estatal ahora invalidada puedan ser combatidos por la vía del amparo.

En julio de 2020 el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés, informó que varios bienes asegurados al ex gobernador Duarte Jáquez, entre ellos ganado e inmuebles, serían puestos a subasta, con base en la ley estatal hoy anulada por la SCJN.

Esto incluye 21 ranchos con una extensión en conjunto de 2 mil 344 hectáreas, donde había 450 pies de cría importados de Nueva Zelanda, además de especies exóticas como bisontes, llamas y jabalíes, según detalló el funcionario.