El gobierno federal actuó antes de materializarse la orden de liberación de Héctor Palma Salazar, alias El Güero, y mantiene consultas –hasta hoy– con el gobierno de Estados Unidos y las agencias internacionales de investigación para conocer si pesa algún señalamiento penal contra ese delincuente, anunciaron ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

La forma como se desarrollen casos similares al de Palma, subrayó el mandatario, no es un asunto personal, ni tampoco se trata de un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tienen que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano.

Al reconocer que de no haberse solicitado una ampliación para verificar que no existan otros procesos en marcha contra Palma, pudo haber salido libre desde el fin de semana, insistió en que se debe cuidar la imagen del Estado mexicano. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes, de no haber actuado, agregó.

En su conferencia de prensa matutina, ocurrida en el séptimo batallón de Caballería Motorizada de Chetumal, Rodríguez describió que tras la absolución de Palma Salazar, el 30 de abril, el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales emitió sentencia para dejar en libertad, absuelto del delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud en la causa penal descrita, y esta resolución fue suscrita por el secretario del juzgado en funciones de juez y no fue firmada por el juez titular.

Por tal razón, desde el sábado se iniciaron las consultas correspondientes a las fiscalías estatales, así como a la cancillería, para que a su vez hiciera las consultas al Departamento de Justicia de Estados Unidos por si hubiera algún otro delito.

El presidente calificó el procedimiento de inadecuado, “pues no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’”.

Incluso refirió que la determinación del secretario del juzgado era terminante, pues se ordenaba liberar al delincuente en la noche, y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las 4:00 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas.

Además, ordenó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que se analice “la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles.