Durante la presentación de un nuevo informe mensual de la situación financiera por la que atraviesan los institutos electorales locales, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, reportó que al menos hay seis organismos cuya situación enfrenta un riesgo considerable que podría afectar, en algunos casos, la organización electoral.

Alertó que los institutos de Sonora y Sinaloa –ambas entidades renovarán gubernaturas– enfrentan complicaciones que podrían causar la imposibilidad de contar con recursos para imprimir materiales electorales.

Además, se presentó el reporte de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre las quejas en la materia, en el que destaca la falta de colaboración de la Fiscalía General de la República a los requerimientos de información de casos relevantes: la investigación sobre posibles beneficios de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, obtenidos de sobornos derivados del otorgamiento de contratos de Odebrecht y el presunto financiamiento ilícito obtenido por Pío López Obrador, hermano del Presidente, a través de David León, cuando éste trabajaba para el gobierno de Chiapas.

En la sesión del INE, Jacobo Molina explicó que además de los institutos de referencia se incluyen los organismos de Aguascalientes, Nayarit, Morelos y Ciudad de México, donde los recortes presupuestales han comprometido su operación o impactarán tras la elección, dado que se están comprometiendo recursos de otros rubros en la organización de los comicios.

En Sinaloa y en Sonora derivado de la falta de una respuesta de las autoridades correspondientes, en relación con los recursos que requieren para implementar las actividades del proceso electoral puede poner en grave riesgo el desarrollo del mismo. En el caso particular de Sinaloa, se han afectado aspectos como los pagos derivados de la contratación correspondiente para producir e imprimir el material y la documentación electoral, la contratación de capacitadores electorales.

Por lo que hace al Instituto Electoral de la Ciudad de México, el recorte de 587 millones de pesos compromete la realización de mecanismos de participación ciudadana y la consulta a pueblos originarios.