El desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está programado por la Cámara de Diputados para discutirse jueves o viernes, en una sesión donde se definirá si existen pruebas suficientes de la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda proceder en su contra.

La Junta de Coordinación Política programó el juicio de procedencia, en espera de que la Sección Instructora desahogue hoy la etapa de alegatos y presente el dictamen respectivo. A partir de ello, se definirá en qué sesión se desahoga.

Ese mismo día, el pleno de la Cámara de Diputados resolverá el desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena). Hoy también, la Sección Instructora concluirá la etapa de alegatos en el caso del legislador, acusado por la fiscalía de Chihuahua de haber recibido fondos de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte Jáquez.

Desde el 23 de febrero la FGR solicitó a la Cámara retirar el fuero al gobernador, una vez que se concluyó una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual a su vez presentó a la Sección Instructora detalles de sus triangulaciones financieras.

Según la indagatoria, las operaciones con recursos de procedencia ilícita se realizaron a través de una empresa fantasma, que también era utilizada por la delincuencia organizada. La UIF informó a los diputados que García Cabeza de Vaca utilizó una firma falsa para comprar un departamento en Santa Fe, que luego revendió a la misma compañía, en 300 por ciento del valor original del inmueble.

Un día después de que la FGR anunció la petición de desafuero, el gobernador de origen panista se presentó a la Cámara, donde afirmó que la indagatoria no es producto de la casualidad, es una persecución política de Palacio Nacional.

Incluso sostuvo que la denuncia tendría su origen en que no ha permitido la injerencia del gobierno federal en el estado. También han de estar muy molestos por la exhibida a la Comisión Federal de Electricidad por el documento apócrifo con el que la empresa quiso justificar el apagón en la entidad en diciembre pasado.

El Congreso del estado, de mayoría panista, trató de cubrirlo, al aprobar una reforma para que la legislatura local decidiera, en última instancia, si procedía el desafuero, pero la Cámara interpuso una controversia constitucional, porque decidir o no el retiro de la inmunidad a legisladores y funcionarios es atribución exclusiva de los diputados federales.