a complicidad de los partidos políticos que llevó a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, específicamente, permitirían abrirle las puertas a las empresas privadas. Esta decisión de acabar con Petróleos Mexicanos (Pemex) fue voluntaria. No se trataba de mejorar la industria energética nacional, tampoco de desarrollar la economía del país. Y fue consciente y voluntaria porque los partidos cómplices recibieron dinero por cada voto a favor de la reforma energética priísta.
Recordemos que después de la expropiación petrolera, la industria energética fue el soporte para una economía fortalecida que iba en ascenso con el presidente Adolfo López Mateos, porque se procuró el abasto energético primordialmente para las necesidades internas del país.
Los argumentos no tienen bases demostrables a favor del neoliberalismo. La extracción del crudo bajó; la producción de gasolina cayó drásticamente; el costo de la producción de gas se elevó a cifras absurdas. Irracionales porque se cuenta con el energético suficiente y no tendríamos que comprarlo y menos a una empresa que nos lo revende, siendo nuestro.
Tampoco fue argumento sólido el señalamiento de que Pemex era un monopolio que perjudicaba la economía. Recordemos que la petrolera, sin competencia, llevó a una etapa de gran productividad y generó 6 por ciento de crecimiento durante cuatro décadas. Aunque con variaciones pequeñas en algunos años.
A partir de la década de los 40 el crecimiento fue de 6 por ciento con pequeñas variaciones de un año a otro, este porcentaje duró hasta 1982 con José López Portillo como presidente.
A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, cuya política tecnócrata y neoliberal dio pie al incremento del saqueo a la producción de Pemex, el crecimiento empezó a colapsar. De 1982 a 1988 éste se fue a pique con 0.34 por ciento. Se inicia, abiertamente, la campaña de devaluación de todo lo que tenía que ver con la gran industria que había generado Petróleos Mexicanos.
Fue en estas décadas cuando aumentaron el tráfico de influencias, el robo de gasolinas y de diversos tipos de petroquímicos, mayor corrupción en el sindicato petrolero, mínima inversión en mantenimiento a las instalaciones, desde complejos petroquímicos, refinerías, almacenamientos, hospitales y desaprovechamiento de pozos, favorecimiento a empresas extranjeras y muchos otros ilícitos que fueron endeudando gravemente a la empresa paraestatal. Éste fue el sello de la era neoliberal.
Es en la presente administración cuando se está procurando revertir la situación de deterioro de la industria energética, que venía poniendo en alto riesgo la soberanía del país.
La importancia de la modificación a la reforma energética peñista es porque se empieza a recuperar uno de los recursos naturales más importantes para la nación. La modificación fue aceptada por el Senado de la República en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. La medida tendrá una repercusión favorable para el área, ya que se recuperará la posibilidad de volver a solventar las necesidades internas del país.
Para eso sirve el poder de decisión, un poder obtenido por la vía democrática. No es un acto de oportunismo ventajoso e ilegal ejercido por la mayoría de Morena, como lo reclaman en los partidos que generaron el desastre.
El pleno del Senado aprobó (el pasado 22 de abril), con la mayoría de Morena y sus aliados, la minuta con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que permite a la autoridad energética suspender e incluso revocar permisos a empresas privadas que incurran en contrabando, robo de gasolinas y otros petrolíferos y petroquímicos, y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.
La decisión tomada mejorará la economía nacional, sin embargo, los resultados no serán de un día para otro como lo reclamarán los detractores a esta reforma. Esperamos que la recuperación de Petróleos Mexicanos eleve pronto el nivel de crecimiento nacional y que se reflejen en la disminución de los índices de la pobreza y en el incremento de las fuentes de trabajo.
