A pesar de la inconformidad expresada por cinco magistrados ante la dilación injustificada y unilateral para convocar a sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será hasta el próximo martes cuando este organismo realice sus sesiones privada y pública según la comunicación que remitió la secretaría General de Acuerdos del organismo a los juzgadores. El argumento fue que se difirió para no empatar con la agenda de uno de los integrantes.

En este marco, una vez que trascendiera el jueves que el proyecto de resolución relacionado con la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, propone ratificar la cancelación del registro por incumplir en la entrega del informe de gastos de precampaña, el aspirante solicitó –a través de su página de Facebook– a los magistrados se le concediera una audiencia de alegatos para explicar las razones jurídicas por las cuales pide que se le reintegre su candidatura. El tribunal le concedió la audiencia para el lunes a las 11 horas.

La convocatoria a la sesión de la Sala Superior del TEPJF para el martes, se da en un contexto en el que cinco de los siete magistrados acusaron al presidente, José Luis Vargas, de postergar sin razón las sesiones en las que se deberían resolver casos fundamentales como el futuro de las candidaturas, aun cuando corren los tiempos electorales. No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar.

Vía Facebook, Salgado pidió a los magistrados exponerles las razones jurídicas por las cuales debe reintegrarse su candidatura, misma que le fue cancelada por el INE en virtud de incumplir con su obligación de entregar su informe de gastos de precampaña.

En su recurso de apelación entregado el 18 de abril, Salgado acusó al INE de violentar sus derechos políticos a ser votado y su garantía de audiencia; criticó que el instituto se haya apartado de los criterios emitidos por el TEPJF de ponderar el monto involucrado en la omisión de entregar el reporte (18 mil 870 pesos), lo que lo llevó a aplicarle una sanción desproporcionada.