Con su promulgación ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor el Acuerdo de Escazú, instrumento ratificado por México en enero pasado ante la Organización de Naciones Unidas, que busca garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente.

El documento señala que los estados firmantes deben formar y sensibilizar a sus funcionarios públicos y jueces en materia de derechos humanos vinculados con la defensa del ambiente, así como aplicar el principio de máxima publicidad en información en esta materia.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, el Foro Indígena Internacional sobre la Biodiversidad y la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Indígenas de México coincidieron en la necesidad de poner en práctica en los pueblos originarios y en las lenguas maternas los principios asentados en dicho acuerdo, que representa el primer instrumento regional jurídicamente vinculante en la materia.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica, en 2018, señala, entre otros puntos, que cada uno de los estados firmantes “asegurará que se oriente y asista al público –en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad– de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos de acceso”, y garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.

En materia de transparencia, indica que los estados deben garantizar el derecho del público al acceso a la información ambiental que está en su poder, control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación celebró la entrada en vigor del acuerdo, y sostuvo que continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para cumplir las obligaciones del instrumento. El gobierno federal reitera el compromiso de propiciar un entorno seguro para la promoción y defensa de los derechos ambientales y se reconoce a las personas defensoras, quienes contribuyen y fomentan el uso sostenible de los recursos naturales, entre otras acciones.