Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó ayer la decisión de una de las salas del tribunal de declarar al ex juez Sergio Moro parcial en el juicio por corrupción que llevó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la cárcel.

Siete de los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestaron a favor de mantener el fallo, dos votaron en contra y los dos restantes deben pronunciarse cuando retomen la discusión del caso, sin fecha definida.

Aunque el debate giró en torno a cuestiones técnicas y no sobre la parcialidad de Moro, la decisión refuerza el discurso del ex mandatario de izquierda (2003-2010) de que fue víctima de una conspiración para sacarlo de la contienda electoral de 2018 y constituye otro golpe a la operación anticorrupción Lava Jato, de la cual Moro era la principal figura.

Lula fue condenado por Moro en 2017 como presunto beneficiario de un departamento en el litoral de Sao Paulo ofrecido por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Un tribunal de apelaciones confirmó su condena, lo que le impidió disputar la elección y lo mantuvo preso entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

Pero la segunda sala del máximo tribunal (integrada por cinco jueces) consideró el mes pasado que Moro actuó con parcialidad durante la instrucción del proceso y ordenó que el caso vuelva al punto cero.

La defensa de Lula argumenta que Moro actuó movido por intereses políticos y que eso se evidenció cuando el neofascista Jair Bolsonaro, vencedor en los comicios, lo nombró ministro de Justicia.

Es una victoria del derecho sobre la arbitrariedad. Es el restablecimiento del debido proceso legal y de la credibilidad del poder judicial en Brasil, afirmaron los abogados de Lula tras la mayoría alcanzada por el STF.

La condena por el departamento en Guarujá y otra proferida contra Lula en el juzgado de Curitiba ya habían sido anuladas el mes pasado por el STF, por otra razón de carácter formal: la corte consideró que Moro no tenía competencia jurisdiccional, ya que las acusaciones no estaban centradas en desvíos en Petrobras.

En total, cuatro casos que involucran a Lula radicados en Curitiba serán transferidos a la justicia federal de Brasilia.

Tras la anulación de sus condenas, Lula recuperó los derechos políticos y mientras no sea condenado en segunda instancia puede ser candidato para los comicios de 2022.

El ex dirigente sindical, de 75 años, se ha abstenido hasta ahora de declarar si será candidato, pero ha dejado claro que buscará un papel protagónico para desbancar al mandatario ultraderechista.

Lula sólo se vería impedido para participar en los comicios si los procesos derivados a Brasilia avanzaran muy rápido y fuera condenado de nuevo.

Según la mayoría de juristas, es algo muy improbable, dado que caben recursos a la corte de apelación y al máximo tribunal (lo que alargaría mucho el proceso) y porque debido a la edad de Lula (mayor de 70 años) es muy posible que prescriban los delitos que se le atribuyen.