Funcionarios de casilla podrán solicitar el uso de la fuerza pública contra quien se rehúse a usar cubrebocas durante la jornada electoral del 6 de junio en la Ciudad de México.

Dicha medida es parte de un protocolo de seguridad sanitaria que elaboraron autoridades electorales para prevenir los contagios de Covid-19.

Entre las acciones destaca restringir el paso a personas que presenten síntomas de coronavirus. Si una persona acude sin cubreboca, se le ofrecerá uno, en caso de negarse a usarlo, se le restringirá el ejercicio del voto y se podrá solicitar el uso de la fuerza pública si existe alguna situación que vulnere el desarrollo de la votación, informó el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez.

El consejero explicó que para emitir el sufragio los ciudadanos harán fila para ingresar de dos en dos a las casillas, se mantendrá la sana distancia en todo momento, habrá gel y material desinfectante, los votantes podrán acudir con su propio bolígrafo para marcar las boletas, no habrá contacto directo con los funcionarios de casilla, pues los electores sólo mostrarán su credencial de elector, sin entregarla.

Además, las mamparas estarán libres de cortinillas, la tinta indeleble contará con una sustancia especial para evitar la transmisión del virus y habrá señalizaciones en las zonas de votación con información sobre las medidas de prevención.

En días pasados se dio a conocer que la implementación de medidas sanitarias en la jornada electoral por la pandemia de Covid-19 costará 80 millones de pesos al erario.

Por otra parte, ayer se presentó la plataforma web Saber Votar, que incluye el perfil de todos los candidatos que participarán en el proceso electoral, a fin de que la ciudadanía conozca su trayectoria, ideología política y propuestas.

En otro tema, siete meses después de ser registrados como partidos políticos locales, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Info) declaró como sujetos obligados de la Ley de Transparencia a Redes Sociales Progresistas; Equidad, Libertad y Género; Encuentro Solidario y Fuerza por México.

Con ello, los partidos tendrán 60 días para cumplir con todas sus obligaciones de transparencia, como instalar una oficina que reciba y emita respuesta a solicitudes de información ciudadana y publicar información referente a su estructura laboral y remuneraciones, entre otros datos.

También fueron declarados sujetos obligados el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y el Fondo de Víctimas local, ambos por manejar recursos públicos.