ebasados dos años del actual gobierno, continua la discusión sobre las definiciones de su modelo político. ¿Es o no de izquierda? ¿Acaso puede afirmarse su esencia progresista? Lo cierto es que aún flota, inasible en varios momentos, la exposición articuladora del conjunto de sus muchas acciones. Presionado por el factor temporal del sexenio, el Presidente ha impreso a su gobierno urgencias que se aprecian como desarticuladas. Es esta prisa lo que de varias formas impide visualizar, con firme transparencia, cuál es la línea cohesionadora que da sentido al vasto conjunto de sus actos y decisiones. Muy a pesar de esta serie de avatares y de incógnitas, un análisis más cuidadoso y, sobre todo, menos partidizado, menos enconado, puede asentarse la hoja de ruta que ha de acomodar proyectos, narrativa y modificaciones al estado de cosas establecido con anterioridad.

Quizá el imperativo de cuestionar esa particular realidad –que se reviste de normalidad aceptada– y a la cual hay urgencia de alterar, nubla la base racional de los distintos actos y políticas de gobierno. Pero el propósito de encaminar a la sociedad hacia una más igualitaria ha quedado en el fondo, como sentencia básica. Siendo ésta, incluso, una cuestión tan abarcante que exige elevarse a imperativo moral. Es por este sendero que transitan los variados programas que apuntan a los olvidados de siempre. El continuo llamado presidencial a un apego justiciero con los pobres se revela como la columna vertebral de todo movimiento y cambio. Fincados en tal propósito, encuentran acomodo otros objetivos: restaurar la pérdida de equilibrios entre las diversas regiones del país que, en su desbalance, impide dar el sustento indispensable al bienestar compartido. En esta serie de definiciones puede entreverse, con suficiente claridad, hacia dónde se pretende guiar a la sociedad. Surgen entonces las críticas e incomprensiones de variados actores sobre la pertinencia y, sobre todo, las prioridades de distintos programas de corte reivindicador. Así, y como obligada deriva, se emprenden, con vigor notable, las grandes obras de infraestructura asentadas en el sur-sureste de la República. Se acompañan de promociones de empleo masivo para comunidades rezagadas. Sembrando Vida adquiere, entonces, su significado de rescate y futuro para cientos de miles de personas antes dejadas de lado. La deriva hacia la agroecología, poco a poco integrándose, es parte sustantiva de la nueva visión transformadora (ver Víctor Toledo, La Jornada, 20/4/21).

Una de las vertientes que surcan la hoja de ruta, establecida desde que se formuló el plan alternativo de nación, habla de la tajante separación de la política respecto de los contratos, favores y negocios. Divorciar el quehacer público de los grupos de poder, antes fundidos hasta ser inseparables. Todavía con mayor detalle este amasiato llegó a destilar una rala élite de mandones encaramados en los botones decisorios de la República. Toda la estructura, incluidas instituciones, leyes y programas, se tapizaba con intereses particulares. Tan tajante separación se ha llegado a enfocar como ruptura entre grupos antes decisorios. Aceptar dicha modificación no pudo llevarse sin tensiones, reclamos e incomprensiones que llegan hasta las amenazas.

Planteadas las vertientes de independencia política y la justiciera orientación básica de la ruta, queda examinar la definición económica. Sin duda alguna, sobresale la trascendencia de la política energética. Vista como afán soberano se reconoce sostenida por dos instrumentos cruciales: Pemex y CFE. Ambas empresas muy afectadas por las pésimas decisiones y el saqueo a que fueron (y todavía son) sometidas por décadas. Eran, ya, entidades incapaces de servir como palancas para el desarrollo. Cercadas en casi todas sus actividades por la rapiña y los desmesurados apoyos a una actividad privada, que las exprimía hasta casi desmantelarlas o hacerlas obsoletas. El decidido compromiso de rescatarlas para que cumplan con el objetivo de volver al país autosuficiente en la generación de su energía, ha sido motivo de férreas controversias. Empero, la decisión oficial es firme y de mediano plazo. A ello obedecen las recientes modificaciones legales que pretenden ordenar y depurar el desbalanceado mercado eléctrico y de hidrocarburos. A pesar de la intensa campaña para desvirtuar el plan del gobierno se sigue adelante y pronto se verán los resultados.

Queda por penetrar en el ángulo social de la hoja de ruta. Este es el ámbito central que da testimonio de la voluntad transformadora del gobierno. Sus innumerables programas dan prueba de ello. Se podrán tratar en próximo artículo.