ara la elección del 6 de junio, la Fiscalía Electoral federal desplazará a las 32 entidades de la República a 62 agentes del Ministerio Público especializados en delitos electorales y a 60 auxiliares de la función ministerial adscritos a la institución.

El número es pequeño si se toma en cuenta la magnitud de la elección, en la que se elegirán 21 mil 368 cargos públicos de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la fiscalía tendrá el apoyo de las 120 unidades administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las 20 mil 904 personas que laboran en ella. Agentes del Ministerio Público, personal pericial y policías ministeriales estarán atendiendo la recepción y seguimiento de las denuncias que se presenten con motivo del proceso electoral.

La vinculación entre la FGR y la Fiscalía Electoral opera mediante el llamado Despliegue Ministerial, establecido en la ley y que tiene como objetivo la atención sobre el terreno de las denuncias por delitos electorales. Para este ejercicio, la Fiscalía Electoral se ha preparado mediante una capacitación que ha tomado varios meses a su propio personal y al personal de la FGR en las delegaciones de las 32 entidades.

Durante el despliegue, el personal de la Fiscalía Electoral realizará acciones de prevención de los delitos electorales junto a otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, con la finalidad de disuadir a aquellos que pretendan cometer estas conductas. El apoyo de los enlaces de la FGR servirá al personal desplegado de la Fiscalía Electoral para tener un mayor conocimiento de las circunstancias reales en las distintas entidades en las que actuará y también su apoyo será fundamental para la movilización del personal ubicado en las sedes y subsedes de los estados cuando se presente algún incidente delictivo relacionado a los comicios.

La perspectiva es que estas acciones sirvan para disuadir la comisión de delitos electorales y para reaccionar cuando se presente un hecho delictivo. El Estado actuará como vigilante y no como encubridor, y esto puede significar un cambio que nos dé las primeras elecciones democráticas en nuestra historia contemporánea. Colaboró Mario A. Domínguez