La Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino aprobó modificaciones a la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la cual libera a la norma de una mala interpretación sobre supuestos efectos confiscatorios de bienes patrimoniales en posesión de particulares.

El proyecto de dictamen aprobado sustituye el texto del artículo 64, en el que se establecía que una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las declaratorias enlistadas en la presente ley, el mismo será inalienable, inembargable e imprescriptible.

El cambio distingue la aplicación de dichas previsiones sobre el patrimonio público de uso común y agrega una mayor protección con excepciones respecto de su utilidad.

El nuevo texto dice a la letra: Cuando se trate de bienes culturales objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble.

Se protege la riqueza cultural

La presidenta de la comisión, Lilia Rossbach Suárez, de Morena, dijo que esta reforma limpia el texto de la ley que no pretende otra cosa que proteger nuestro patrimonio cultural sin afectar la propiedad privada, que tuvo opinión favorable de las secretarías de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalinos, así como del Colegio de Notarios de México,

Rossbach, quien asumió ayer la presidencia de la comisión, en sustitución de la ahora diputada con licencia y candidata a alcaldesa de Tlalpan por Morena, Gabriela Osorio Hernández, presentaron la iniciativa de reforma ante una campaña contra la ley impulsada, entre otros, por el ex procurador Ignacio Morales Lechuga, sobre una supuesta confiscación de los bienes de particulares afectos al patrimonio de la ciudad.

Para el diputado Ricardo Fuentes Gómez, también de Morena, la mala interpretación que se hizo de la legislación se debió a que se desconoce el contenido de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.