Guadalajara, Jal., La agrupación Un Salto de Vida, que ha denunciado la excesiva contaminación de la cuenca hídrica del lago de Chapala y el río Santiago, en Jalisco, informó que dos de sus integrantes y su familia fueron agredidos por desconocidos, quienes incendiaron el sábado el vehículo que utilizan para su trabajo, el cual estaba estacionado fuera de la vivienda.

La organización, integrada por habitantes de El Salto, Juanacatlán y Tonalá, hizo una denuncia pública a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Congreso Nacional Indígena y a asociaciones ambientalistas, en la que explicó que el ataque fue cometido a la una de la madrugada, luego de que el automóvil estuvo estacionado por varias horas.

El grupo descartó que el incendio se haya debido a una falla del automotor, dada la forma en que ocurrió el incidente y por las acciones que hemos realizado en esta semana, en las que han estado presentes nuestros compañeros con el vehículo.

El miércoles 7 de abril los activistas encabezaron un recorrido por los puestos de bombeo de agua para agricultores, en la parte vieja del canal de Atequiza, que trae líquido del lago de Chapala a Guadalajara. Diez tomas fueron clausuradas el 23 de marzo con la participación de agentes estatales, con el pretexto que extraían agua ilegalmente, y eso afecta el suministro para uso humano en la capital, donde hay cientos de colonias sin servicio desde hace mes y medio.

Un día después de las clausuras, el gobierno estatal, por conducto del jefe de gabinete, Hugo Luna, reculó y decidió reabrir seis de las tomas clandestinas –como las calificó originalmente– porque se demostró que los usuarios tienen concesiones para extraer el líquido del canal.

En el recorrido del miércoles se comprobó la afectación causada por la falta de agua en ejidos ubicados en Atotonilquillo, la ex hacienda de Zapotlanejo y San Miguel de Zapotitlán, donde policías estatales aún resguardan los equipos de bombeo que los ejidatarios insisten tener en regla.

Un Salto de Vida indicó que ha habido agresiones contra ellos por movilizaciones contra el vertedero Los Laureles, la termoeléctrica La Charrería y por haber dado a conocer un estudio de salud pública que el gobierno ocultó más de 10 años.