La industria de intermediación laboral –que incluye el outsourcing– cayó 10 por ciento el año pasado, como resultado de los confinamientos por el brote de Covid-19 y sus efectos en el empleo, explicó en entrevista Bettina Schaller, integrante de la junta de la Confederación Mundial del Empleo (WEC, por sus siglas en inglés). En una industria que antes de la pandemia tenía un valor de 495 mil millones de euros, México representa 7.6 por ciento de los empleos terciarizados que hay en el mundo, pero no tiene el mismo peso en ganancias.

En este contexto, Schaller detalló que la iniciativa acordada por el gobierno mexicano y privados es positiva en la medida que pretende sacar del mercado a empresas criminales de subcontratación, pero hay dos temas en los que la legislación quedaría rezagada, la regulación del empleo temporal, que en otras economías ha permitido sostener la demanda de empleos tras el golpe de Covid-19, y la falta de fondos para capacitación, explicó.

Un primer proyecto para prohibir el outsourcing fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre del año pasado y ante objeciones de la iniciativa privada se llevó a mesas de discusión entre gobierno e industrias. El 5 de abril el mandatario anunció que se llegó a un acuerdo, cuyo resultado ahora está en comisiones de la Cámara de Diputados para su dictamen.

De acuerdo con datos de la WEC, en México había 4 millones 685 mil 356 personas en el mercado laboral contratada a través de una agencia, previo a la crisis por el coronavirus. Es el cuarto país con el mayor número de ese tipo de trabajadores –sólo detrás de Estados Unidos, China y Japón–, pero no destaca entre los 10 mercados de mayores ganancias para las firmas de terciarización.

Schaller reconoció que el acuerdo al que llegaron gobierno e industrias beneficia a los trabajadores, al imponer sanciones al subregistro –un tema que vemos en muchos países–, pero acota las posibilidades de contratación. Entendemos de dónde viene, la razón, pero faltarían algunos elementos para que el mercado laboral mexicano tenga las bases para ya también salir de la crisis, agregó.

La principal carencia es el reconocimiento del trabajo temporal como lo indica la Organización Mundial del Trabajo, y que con la pandemia sirvió para atender sectores que tuvieron una explosión tremenda en la demanda de personal; ya fuera la salud, el suministro de alimentos en supermercados y la logística. De hecho, México sería uno de los pocos países que no tienen regulación sobre trabajo temporal, detalló.

A consulta de qué responsabilidad tienen las empresas de intermediación laboral en la erosión de protección social para los trabajadores –evidenciada con la crisis de Covid-19–, Schaller consideró que el gobierno es el que tiene que dar el marco estructural para las diversas formas de empleo y para que todas ellas tengan acceso a prestaciones y derechos laborales.