Los estados donde hay elecciones para gobernador el próximo 6 de junio deben pagar este año 12 mil 937 millones de pesos, dinero que pidieron durante 2020 para cubrir la insuficiente liquidez en las finanzas públicas, muestra el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones.

En total, al corte de diciembre pasado, entre los cientos de créditos pedidos por los estados se acumula una deuda por 174 mil 829 millones de pesos, con vencimientos que van hasta 2048; sin embargo, 8 por ciento de ese financiamiento tiene como plazo de pago 2021. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los gobernadores salientes deben liquidar la deuda a corto plazo antes de dejar el cargo.

Adicionalmente, Baja California, Sinaloa, Colima y Sonora contrataron obligaciones extra por mil 170 millones de pesos entre los últimos meses del año pasado y el reciente enero, los cuales también deben pagarse antes de que termine 2021, aunque no están todavía actualizados en el registro.

Entre los 15 estados donde hay cambio del gobernador, Tlaxcala es excepción. No registra más endeudamiento dado que por ley la contratación de deuda está sujeta a que no se registren obligaciones previas sin saldar y a que se apruebe por una mayoría calificada del Congreso local. Por el contrario, en Chihuahua y Nuevo León el endeudamiento se encuentra en observación, de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En Chihuahua, las obligaciones financieras totales representan el 136.3 por ciento de los ingresos de libre disposición y el pago del servicio de la deuda absorbe 12.6 por ciento; mientras en Nuevo León, que deja Jaime Rodríguez, estos parámetros se cuentan en 121.3 y 10 por ciento, respectivamente.

Con la coyuntura del cambio de administración en los estados, las calificadoras de riesgo han advertido que las finanzas estatales seguirán deteriorándose.

En un reporte publicado en enero, Moody’s proyectó que los ingresos caerían hasta 4 por ciento y se seguirá contratando deuda a corto plazo dada la falta de liquidez.

La firma de riesgo consideró que entre las entidades que califica, la única con cambio de gobernador y que puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo es Querétaro. En el Registro Público de Financiamientos no hay registro de este tipo de endeudamiento en la entidad. Lo mismo ocurre con Campeche, que tiene un par de créditos simples con vencimiento a 2037, y Nayarit –estado para el que Moody’s también ve presiones financieras– hay cuatro financiamientos a 2031, 2040 y 2044.

En 2020, las participaciones cayeron con la recesión económica que amplió la pandemia de Covid-19 y también los recursos de emergencia –el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)– fueron secados para sostener cierto flujo de dinero hacia las entidades, incluso se modificó la frecuencia con que se transfieren recursos a los estados, para que en lugar de cada trimestral, el recurso llegara cada mes.

Las medidas no fueron suficientes para las necesidades de gasto en los estados. Entre el año pasado y enero de 2021, el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California pidió nueve préstamos que se deben pagar a lo largo de 2021. Siete de ellos suman mil 963 millones de pesos al cierre de 2020, todos para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Mientras se tenía registro de la contratación de dos más por 370 millones.

En Baja California Sur se debe liquidar un adeudo de 200 millones de pesos antes de que concluya 2021; en Chihuahua, 2 mil 278 millones por 13 préstamos; en Colima, 339 millones por seis préstamos y uno más contratado por 100 millones del que no todavía no se informa el saldo utilizado.

En Guerrero el adeudo derivado de cuatro financiamientos alcanza 2 mil 590 millones de pesos, todos con vencimiento en 2021; en Michoacán suman mil 164 millones de pesos por dos préstamos y en Nuevo León –cuya deuda con vencimiento a 2021 o posterior alcanza 52 mil 488 millones de pesos– se deben liquidar 150 millones este año.

En San Luis Potosí la deuda a pagar a más tardar este año asciende a mil 300 millones de pesos; en Sinaloa, 25 millones por un préstamo y hay dos contratos más por 950 millones de pesos; en Sonora se deben mil 775 millones por siete créditos y hay uno más contratado por 250 millones y Zacatecas tiene encima el pago por mil 176 millones de pesos derivado de cinco créditos.