Washington. La coordinadora fronteriza del gobierno estadunidense, Roberta Jacobson, dejará su trabajo a fines de abril, señaló el viernes la Casa Blanca, una medida que se produce semanas después de que la vicepresidenta Kamala Harris se hizo cargo de los esfuerzos diplomáticos de Washington en Centroamérica.

Si bien la Casa Blanca insistió en que la partida de Jacobson estaba planeada, el anuncio fue una sorpresa, ya que ella había sido entrevistada por los medios en los días previos al aviso y no dio muestras de tener la intención de dimitir.

De acuerdo con su compromiso inicial de trabajar en los primeros 100 días del gobierno, la embajadora Jacobson dejará su cargo de coordinadora a finales de este mes, indicó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado.

La declaración no hace mención de un remplazo para el cargo, al sólo decir que el presidente Joe Biden le pidió a Harris que lidere el trabajo del gobierno con México y el Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La Casa Blanca enfrenta dificultades para contener el flujo de migrantes por la frontera sur con México, creando un desafío inicial para Biden. Estados Unidos ha enviado un mensaje mixto a la región, al destacar que la frontera está cerrada, pero diciendo que proporcionará refugio a los niños no acompañados.

Sullivan aseveró que Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, inició renovados esfuerzos diplomáticos con ese país y las naciones del Triángulo Norte, y ayudó al gobierno de Biden en su compromiso de revitalizar los sistemas de inmigración de Estados Unidos.

En otro orden, el proyecto de presupuesto para 2022 propuesto por Biden solicitó al Congreso que apruebe 2 mil millones de dólares para abordar de raíz las causas fundamentales de la migración masiva desde América Central y reducir los retrasos en las solicitudes de asilo, indicó este viernes la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés).

La solicitud propone 861 millones de dólares como primer paso hacia un compromiso de cuatro años para invertir en Centroamérica como parte de una estrategia integral, informó la OMB en un comunicado de prensa.

La propuesta también incluye un aumento de 21 por ciento en el presupuesto del Oficial Ejecutivo de Revisión de Inmigración, proporcionando 891 millones de dólares para reducir los retrasos judiciales al emplear a 100 nuevos jueces de inmigración y equipos de apoyo, según el texto.

Además, el presidente busca 345 millones de dólares para que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración resuelvan casos de naturalización y asilo de personas que han estado pendientes durante años, agrega el comunicado.

El jueves, los datos de Aduanas y Protección Fronteriza revelaron que las detenciones en la frontera aumentaron en más de 70 por ciento en marzo. Las 172 mil 331 detenciones de migrantes registradas representan el total mensual más alto en más de dos décadas, con la administración de Biden en camino a superar el récord anual anterior reportado en 2019 de más de 977 mil aprehensiones.

Asimismo, Biden pidió al Congreso que aumente drásticamente el gasto para combatir el cambio climático y la violencia armada, en un presupuesto que marca una fuerte diferencia con los de su predecesor, Donald Trump.

▲ Roberta Jacobson en imagen de 2017, durante una entrevista con La Jornada, cuando era embajadora en México.Foto Marco Peláez

No más recursos para el muro

El presupuesto de 1.5 billones de dólares, que supone un incremento de 8 por ciento en la financiación básica del año en curso, llevaría miles de millones más al transporte público y limpieza ambiental, suspenderá los fondos para un muro fronterizo y ampliaría el financiamiento para verificar antecedentes en la venta de armas, todas metas que chocan con las de la administración previa.

Biden aumentaría el gasto en 14 mil millones de dólares en todas las agencias para hacer frente a los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, un cambio con respecto al rechazo de la ciencia climática en la administración Trump.

La propuesta incluye suspender toda financiación para la construcción de un muro en el límite con México, una prioridad para Trump, y aumento de los fondos destinados a la investigación de agentes de inmigración acusados de simpatizar con la supremacía blanca.

Entre los mayores aumentos propuestos en los fondos están ayudas para las escuelas de los barrios más pobres y la investigación de enfermedades mortales distintas de la pandemia de Covid-19, que ha dominado su mandato hasta ahora. Biden quiere 6 mil 500 millones de dólares para lanzar un grupo que lidere el estudio de males desde el cáncer hasta la diabetes y el Alzheimer.

El mandatario pidió 715 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa, en general ajustados a la inflación de este año, y acuerdos de consenso entre los liberales que intentan imponer recortes y los conservadores que quieren que aumente el gasto militar.

El dinero destinado al Pentágono tiene como propósito disuadir a China y apoyar la modernización del inventario de misiles nucleares.

Conocido como un presupuesto reducido, la propuesta que entregó Biden ayer aportó sólo cifras superficiales sobre programas y departamentos discrecionales, en los que el Congreso tiene flexibilidad para decidir lo que quiere gastar para el año fiscal que comienza en octubre.

La Casa Blanca se atrasó en la redacción del documento. Señaló que fue culpa de la reticencia de los funcionarios políticos durante el traspaso de poder desde el gobierno de Trump y negó que tuviera que ver con intereses en competencia sobre cuestiones como la financiación militar.

La propuesta no incluye el proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares de Biden o cambios en los impuestos, precisó un funcionario de la administración. Esos cambios se incluirían en un plan de presupuesto completo que se presentará a fines de la primavera.

El gasto discrecional representó 1.6 billones de dólares en el año fiscal 2020, una cuarta parte del gasto federal total. El resto es para áreas que se consideran obligatorias, incluidas las prestaciones de vejez, discapacidad, desempleo y asistencia médica.

Cada una de las propuestas es sólo el primer paso en un proceso presupuestario que finalmente se decidirá en la Cámara de Representantes y el Senado, donde los demócratas tienen mayoría mínima.