La iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Hidrocarburos recibió el respaldo de expertos en materia de energía, empresarios y académicos que, no obstante, plantearon cambios a la Cámara de Diputados para evitar que la cancelación de permisos se aplique de manera retroactiva y que la intervención temporal no se ejerza de manera discrecional.

En un foro de la Comisión de Energía para revisar la iniciativa –que se aprobará en el pleno el día 14–, se explicó que el contrabando de combustibles implicó una pérdida de 22 mil 231 millones de pesos en 2020, lo que hace necesario terminar con esa práctica.

A pregunta de los diputados del PRI, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explicaron que los cambios podrían afectar inversiones en materia de exploración y producción, así como la certidumbre legal de los contratos derivados de las rondas petroleras.

Enrique Ochoa Reza (PRI), secretario de la Comisión de Energía, planteó a Rosanety Barrios Beltrán, quien es consejera de empresas de energía y participó a propuesta del CCE, si la reforma afecta las actividades de extracción de petróleo y gas, y si el órgano legislativo debía convocar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para consultar sobre los efectos de la iniciativa.

Barrios Beltrán explicó que la figura de cancelación de permisos ya existe, pero si la CRE no ha revocado ninguno, vale la pena preguntarle por qué y si tiene o no facultades para determinar un daño a la economía o afectación a la seguridad nacional. O si esto va a terminar siendo letra muerta, pudiendo implementar mecanismos que coadyuven a los principios que se están buscando.

Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), propuesto a participar por Morena, consideró urgente la reforma para terminar con la corrupción en el mercado y proteger los ingresos del Estado, con la finalidad de que los permisos se otorguen cuando se demuestre la capacidad de almacenamiento requerida, lo que evitará que se den sin que garanticen la seguridad energética del país.

Planteó que si un inversionista no contrabandea, no pasa diésel como lubricante, no compra gasolina robada y no usa rastrillos electrónicos para despachar menos combustible, no debe tener miedo de que se le cancelen sus licencias.