El posible acuerdo del gobierno federal, el sector obrero y la iniciativa privada para fijar al reparto de utilidades un límite máximo de tres meses del salario del trabajador, sólo beneficia a los grandes empresarios y deja de lado a la industria micro, pequeña y mediana (mipyme) del país, que resultará la más afectada, señaló Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

Si se aplica dicha medida, consideró, le bajan la carga de pago de esta prestación a las empresas que ganan más, y se los incrementan a las que menos tienen posibilidades, lo que implica restarles competitividad.

Desproporcional medida

Mientras los empresarios aseguran que poner un límite a la participación de los trabajadores en las utilidades de las compañías (PTU) a tres meses de salario será igualitario para todos los sectores, el CEEF considera que es desproporcional, debido a que no son el mismo porcentaje de ganancias en un negocio trasnacional que en unopequeño o mediano.

Actualmente se pagan en promedio 22 días de utilidades, que equivalen a 7 mil 301 pesos. La reciente propuesta implicaría elevar el pago a un promedio de 57 días; es decir, 18 mil 557 pesos por trabajador.

Nos preocupa mucho la actitud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que se ve que está cuidando los intereses de un grupo muy pequeño de patrones y no de la totalidad, indicó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es un mercado donde 4.9 millones de negocios son micro, pequeños y medianos y poco más de un millón de establecimientos han desaparecido por la pandemia de Covid-19.

Leñero Llaca aseguró que el problema de fondo es que ponen esta medida (el tope a tres meses del reparto de utilidades), como el canal para pasar directo a eliminar la subcontratación, que es lo que debería evitarse a toda costa, por los empleos formales que se generan.

El no medir las consecuencias de este esquema habla de la escasa representatividad e interés que organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial, tienen en las micro y pequeñas empresas en el país que generan más de 70 por ciento del empleo, afirmó.

El director del CEEF consideró que tener que cubrir un costo más alto en las PTU, implica más regulación, más complicación y confusión entre empresarios que “están a punto de ‘tirar la toalla’” por las pérdidas y los costos que deben cubrir.

Indicó que por esa negociación tripartita estarían en riesgo de perderse 2 millones de empleos, ya que resulta que se van por el tema de la participación en las utilidades cuando el problema es la prohibición de la subcontratación.