esde el arranque del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) había dos figuras que se perfilaban y confrontaban en función de la siguiente sucesión presidencial: Manuel Camacho Solís, ideólogo y principal operador político de ese periodo, y Luis Donaldo Colosio Murrieta, una carta nueva, impulsada por el propio Salinas al grado de hacerlo candidato del Partido Revolucionario Institucional al relevo en Los Pinos, con la oposición activa de Camacho. Aquellos tiempos revueltos desembocaron en Lomas Taurinas, colonia popular de Tijuana donde Colosio fue asesinado en un día como hoy, en el trágico 1994.

La suerte política de los personajes relevantes aglutinados en torno a Camacho (fallecido en junio de 2015, siendo senador por el PRD) y a Colosio ha sido, en general, poco afortunada. Algunas de las figuras de esos grupos lograron reposicionarse, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador como presidente. El camachista Marcelo Ebrard ha ganado un enorme poder en el entorno andresino, al grado de parecer jefe de gabinete o vicepresidente.

Del flanco colosista el representante mejor colocado en el organigrama obradorista fue Alfonso Durazo, quien ocupó la desgastante Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora busca ser gobernador de su natal Sonora. Y un hijo del ex candidato presidencial asesinado es aspirante a la presidencia municipal de Monterrey.

Si fuese necesario preguntarse cuál de esos dos grupos perfilados desde el inicio del sexenio salinista está mejor ubicado y parece tener mejores perspectivas, habría que cargar la respuesta hacia el casillero de Ebrard, quien hoy tiene una preponderancia ejecutiva en el gabinete federal, la confianza y el oído del Presidente, el control del partido Morena (mediante su subordinado Mario Delgado) y la interlocución con el gobierno de Estados Unidos y con empresarios.

Hoy se firmará en Palacio Nacional un texto jurídicamente innecesario. Se titula Acuerdo Nacional por la Democracia y, mediante él, gobernadores del país y el Presidente de la República se comprometerán a hacer y no hacer lo que las leyes vigentes ya establecen, de tal manera que no es imperioso ni indispensable ­reiterar lo que es obligación de esos mandatarios. Lo que se busca, según se anuncia, es que esos políticos con poder aseguren por escrito que no intervendrán en los procesos electorales en curso. En realidad, es un acto de escenografía política, empujado por Palacio Nacional y aceptado por oportunismo, en algunos casos, sobre todo de priístas, o a regañadientes, por otros.

Por si alguien dudara que Redes Sociales Progresistas es un partido familiar, ayer se conoció que en la lista de candidatos a diputaciones de representación proporcional hubo acomodo preferente para familiares de la profesora Elba Esther Gordillo, la dueña de las tales redes. Así, van por una curul tanto Maricruz Montelongo Gordillo, esposa del dirigente nacional, José Fernando González, como Ricardo Aguilar Gordillo, sobrino de la mencionada Elba Esther, quien también tiene a su nieto, René Fujiwara Montelongo (hijo de Maricruz) como comisionado Nacional de Vinculación y Participación Social de las mencionadas Redes Sociales Gordillistas (ReSoGor).

No digo adiós, sino hasta luego, expresó Roberta Jacobson en mayo de 2018, al dejar la embajada de Estados Unidos en México, que ocupó durante casi dos años. Hoy, la diplomática vuelve a México, al frente de una delegación del gobierno de Joe Biden que dialogará con Marcelo Ebrard sobre el flujo migratorio centroamericano y las maneras de contenerlo. Con Trump, el gobierno obradorista cedió en esa materia ante la amenaza de que impusieran aranceles a productos mexicanos. Con Biden, las formas son distintas, pero el resultado apunta a ser el mismo: la frontera sur de México al servicio del interés estadunidense en materia de seguridad nacional.

Y, mientras el juez Juan Pablo Gómez Fierro emite nueve suspensiones definitivas más sobre la ley de energía eléctrica, ¡hasta mañana!

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