inguno de sus patrocinadores puede quejarse, porque el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro les cumplió a cabalidad y desquitó la chuleta pactada, porque ayer concedió una suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador y validó el atraco a la nación organizado por los gobiernos neoliberales, es decir, contratos leoninos, precios por debajo del mercado y demás privilegios que las empresas privadas dedicadas a esa actividad obtuvieron por la reforma peñanietista, la certeza jurídica ofrecida por Felipe Calderón y, en general, las concesiones y permisos graciosamente entregados desde tiempos de Salinas.

Queda claro, por si hubiera duda, de que con jueces así México no necesita de más enemigos, pues impartidores de justicia como el citado se dedican a proteger el interés de los consorcios privados, especialmente extranjeros, a sabiendas que los contratos, concesiones y demás gracias (cortesía de los neoliberales) de las que gozan son dañinas para la nación.

La Jornada (Gustavo Castillo García) lo reseñó así: el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, otorgó dos suspensiones definitivas que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo, la entrada en vigor de todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juez Juan Pablo Gómez Fierro dio a conocer su decisión en torno a las suspensiones definitivas solicitadas por las empresas Eoliatec del Pacífico (francesa) y Fuerza y Energía de Tuxpan (española) en contra de la llamada reforma eléctrica. Con esta resolución y las impugnaciones realizadas por la representación del Poder Ejecutivo federal, los casos se turnarán para conocimiento y análisis de un tribunal colegiado.

¿Qué sigue? Mientras Gómez Fierro continúa desquitando la chuleta y el tribunal colegiado analiza la situación y se pronuncia, el presidente López Obrador debe hacer efectivo su anunció, en el sentido de que si jueces, magistrados y ministros determinan que (la Ley de la Industria Eléctrica) es inconstitucional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres. Y ayer redondeó: si se declara inconstitucional, entonces tendría que presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos.

En la mañanera de ayer, el mandatario señaló que “en la concepción neoliberal se dejó sin apoyo, sin protección a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Los tecnócratas le dieron el mismo trato a Pemex que a una petrolera extranjera, a Iberdrola (trasnacional española) que a la CFE. Pues no, porque tanto Pemex como la Comisión son empresas públicas, son del pueblo, para beneficio del pueblo de México. Entonces, a éstas ahora se les está rescatando, por eso son los amparos.

Hoy me entero de que se ampararon Walmart y Bimbo por la reforma eléctrica. Y ¿qué tienen que ver con la industria eléctrica? Pues resulta que sí, porque con la llamada reforma energética (la de Peña Nieto) constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían un subsidio y al final compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores. No queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque es entregar presupuesto público. Engañaban con que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. No, los grandes subsidios en electricidad son para las empresas comerciales. Y ahora que se amparan Bimbo y Walmart, pues vamos a dar a conocer cuánto pagaban. Les debería de dar vergüenza.

Las rebanadas del pastel

Y como parte de la limpia, el presidente López Obrador anuncia: “no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo; nunca más casos como los de Odebrecht o compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores”.

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