Buscará otras pruebas contra ex funcionarios y ex legisladores
Viernes 19 de marzo de 2021, p. 18
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, solicitó a un juez federal –con aprobación de la Fiscalía General de la República (FGR)– se le concedan dos meses más para aportar mayores elementos de prueba y fortalecer así el criterio de oportunidad
al momento en que se realice la audiencia intermedia del proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, relacionado con los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht.
Funcionarios judiciales y fuentes cercanas a la defensa confirmaron que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aprobó (igual que con la madre del ex director de Pemex, Gilda Susana Austin) la ampliación del plazo para que concluya la investigación complementaria, por lo que la fecha se recorrió para mayo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el plazo solicitado se relaciona con la necesidad de los abogados defensores de recabar más pruebas que aportar a la FGR, como parte del acuerdo de colaboración para llevar a tribunales a otros ex funcionarios y ex legisladores federales involucrados en actos de corrupción y sobornos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La solicitud de ampliación del plazo para que concluya la investigación complementaria fue solicitado por la defensa de Lozoya Austin, la cual está a cargo de Miguel Ontiveros, quien fue subprocurador de derechos humanos en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y logró en principio el criterio de oportunidad que mantiene en libertad a su cliente, luego de haber aceptado su extradición de España a México, para enfrentar desde julio de 2020 la causa penal 261/2019.
Como parte de ese acuerdo con las autoridades, Lozoya Austin presentó una denuncia que involucra a ex legisladores y ex funcionarios en actos de corrupción y la recepción de sobornos, a cambio de aprobar las llamadas reformas estructurales que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como la entrega de contratos de obra a diversas empresas relacionadas con la industria petrolera, como Odebrecht.