na cosa es que, en el marco de la ley, se salvaguarde la independencia de los jueces y otra muy distinta defender la versión de que en México no hay poder más limpio, transparente, autónomo, imparcial y ajustado a derecho que el Judicial, es decir, una versión contraria a lo que, en sinnúmero de ocasiones, se ha documentado a lo largo de los años. Y abundan los ejemplos, porque en el grueso de los casos la afinada maquinaria de procuración de justicia no trascienda el discurso propagandístico.

Se entiende que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), defienda el punto y subraye la independencia y autonomía de los jueces y que esta última institución garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad, pero no logrará convencer a golpe de repetir esa idílica versión.

De hecho, para no ir más lejos, el propio ministro Zaldívar vivió en carne propia las amenazas y presiones de la pandilla calderonista en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuando el letrado presentó su dictamen sobre el particular (junio de 2010, que, entre otros, condenaba a los parientes de Margarita Zavala), y los demás ministros de la SCJN se le fueron al cuello, no sin antes ser asesorados por el entonces inquilino de Los Pinos. Así, la independiente e imparcial procuración de justicia castigó a las víctimas y victimizó –impunidad incluida– a los culpables. Sucedió, pues, todo lo contrario de lo pregonado en la citada versión idílica.

Además, como bien recuerda La Jornada (Eduardo Murillo) durante el último año el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 22 juzgadores federales por diversos actos de corrupción o irregularidades administrativas, pero ninguno de ellos fue castigado por el sentido de sus fallos (léase les garantizaron el negocio).

La declaración del ministro Zaldívar se dio tras la queja del presidente López Obrador por el proceder de un juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro (quien antes protegió al abogánster Juan Collado, ahora preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita), quien de un plumazo, en tiempo récord y a petición de sólo dos empresas privadas suspendió todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia, y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida y divulgó el texto de la carta que envió al ministro Zaldívar, en el entendido de que es necesario investigar a los jueces que atienden los asuntos del sector energético al sospechar posible complicidad con particulares.

En dicha misiva, el mandatario subraya que Gómez Fierro, sólo un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.

Además, solicitó que el CJF “lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio… Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial, de los más pobres”.

Entre esas personas López Obrador mencionó al Borolas, Claudio X. González y el ex ministro José Ramón Cossío, sin olvidar a Iberdrola, eje de esta trama. Arturo Zaldívar acusó recibo y se comprometió a remitir su queja al CJF; de existir elementos se investigará al juez Gómez Fierro.

Las rebanadas del pastel

Y colorín colorado, esta historia no ha acabado.

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